Ricardo Lasca, el referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, advirtió en diálogo con LT4 y Agencia Hoy, que el gobierno nacional busca disolver la Dirección Nacional de Vialidad, mientras continúa desviando los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos, unos 3 mil millones de dólares por año que se recaudan y deberían asignarse a la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales.
Consultado sobre el proyecto de provincializar los peajes que impulsa el gobierno ultraderechista de Javier Milei, Lasca dijo con ironía: “nos genera volver al sulky, porque si seguimos así entre los peajes truchos, combustible, patentes, seguro, VTV, todo lo que pagamos por tener un vehículo, parece que es un delito tener un vehículo. Y esta medida el gobierno nos parece un error garrafal porque alegremente el gobierno nacional traspasa, sin pasar por el Congreso, rutas nacionales a las provincias”, denunció.
En esta línea, Lasca señaló que “el gobierno nacional es el que debe hacerse cargo del mantenimiento de la red nacional. Es falso cuando dicen que la plata no está: la plata está, que es el impuesto de los combustibles (ICL) que son más de 3 mil millones de dólares por año que se recaudan de ese impuesto. Al margen del impuesto a los lubricantes, lo que uno paga de impuesto cuando compra vehículos, las retenciones agropecuarias, impuesto a los neumáticos, pero el impuesto específico que se den los combustibles fue creado para destinarlo a obras de infraestructura vial”.
“Lamentablemente se desvían a cualquier cosa menos para destinarlo como corresponde para cuál (fin para el que) fue el creado el impuesto”, subrayó Lasca.
Por otra parte, Lasca insistió en que es inconstitucional el peaje, tal como se implementa en Argentina. “No hay camino alternativo, como lo expresa claramente en la Constitución. Parece que nuestros gobernantes no leen la Constitución, no la cumplen, el presidente habla de libertad y no tenemos libertad para transitar”, fustigó Lasca, para quien los gobernadores, “son cómplices de esto, al aceptar porque traspasan las rutas sin presupuesto”.
“Así hemos estado rodeados de garitas por todos lados”, cuestionó.
Para Lasca, la actual política vial es similar a la de los años 90s. “Esto no es un peaje, un impuesto al tránsito, y como no es un peaje, afecta a toda la comunidad no solamente a los usuarios viales. Cuando usted compra un producto, un kilo de yerba, un litro de leche y está pagando el peaje porque actúa como un costo. Y el peaje se paga una contra prestación, no es un costo”, detalló el referente de la Conaduv, vinculando los peajes con la inflación en todos los productos que se transportan por ruta.
En esta línea, Lasca insistió en que “los caminos son de dominio público, no son propiedad de un presidente, de un gobernador. Entonces deberían convocar a quienes somos usuarios viales directos e indirectos, que somos parte y somos en realidad los dueños de las rutas, porque son de dominio público y las pagamos con estos impuestos, a debatir el tema. Pero el presidente está, en (la idea de) sí o sí quiere sacarse todo encima”, cuestionó.
En tanto, para el referente de la Conaduv, planteó que el gobierno quiere disolver la Dirección Nacional de Vialidad. “Sin ninguna duda, el gobierno quiere destruir la Dirección de Vialidad Nacional, porque lo quiso hacer con un decreto, que ese decreto dio marcha atrás, y ahora ¿qué hace? Le saca las rutas a la realidad nacional, no le va enviar fondos, y la realidad nacional va a quedar como una realidad residual”, alertó.
En defensa de la DNV, Lasca apuntó a la dirección política del organismo, que es emblemático. “Hay mucha gente que tiene bronca con Vialidad porque dice que son ‘ñoquis’, ‘que no trabajan’. Y esto no es así, el organismo de la DNV, debe ser el rector de la política vial. Lo que ocurre, aparte de aclarar, bueno, tiene profesionales de carrera, ingenieros, técnicos, trabajadores que se desloman trabajando, no como (el Jefe de Gabinete Manuel) Adorni, esta gente de vialidad trabaja con la nieve, con frío, calor, lo que pasa es que no tienen fondos. Pero vialidad nacional no es corrupta, los corruptos son quienes ponen a la cabeza de vialidad”, sentenció.
Al respecto, Lasca planteó: “Cada gobierno pone como administrador de Vialidad a algún amigo de ellos. A veces ni siquiera profesionales que tienen conocimiento, puede ser un abogado, una vez un martillero público. y entonces, bueno señores, no culpen a la Vialidad Nacional, no pueden hacer nada, no le dan plata, no los atienden”, subrayó.
“Puede haber ñoquis y puede ser: en una empresa privada también hay ñoquis. Corrijamos el problema, hagamos que Vialidad Nacional sea manejada como corresponde, que participen los usuarios dentro de Vialidad, los usuarios del sector de agropecuarios, transporte de cargas, que nos den un ámbito de trabajo”, explicó Lasca, aclarando que no se refiere a un puesto con sueldo, si no, a una participación ad – honorem, para participar en el diseño de la política vial del país.
