El Gobierno nacional enviará en junio al Congreso un
proyecto de ley de desregulación del mercado inmobiliario que apunta a bajar
los costos de construcción y garantizar un mayor acceso a la vivienda.
La iniciativa generó desconcierto y hasta un fuerte rechazo
en el sector, que alertó sobre el crecimiento de la informalidad en la actividad.
Cabe mencionar que la medida impulsa la eliminación de la
obligación de una matrícula en un colegio profesional y la supresión de
aranceles mínimos que operan como honorarios obligatorios, entre otros puntos.
En diálogo con LT4 y AgenciaHoy, Jorge Ferreira, presidente
de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, manifestó que se encuentran reuniéndose
y analizando la iniciativa, ya que no entienden bien hacia dónde apunta el
Gobierno con el proyecto porque “en la actividad inmobiliaria cualquiera puede operar
libremente en el mercado”.
Asimismo, consideró que la mayor preocupación pasa por la
posibilidad de quitar la obligatoriedad de una matrícula profesional. En esa
línea, el entrevistado recordó que en Misiones la propia Cámara fue una de las
impulsoras de la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios, una iniciativa
que permitió ordenar la actividad, ya que anteriormente cualquiera podía
intermediar en una operación.
Según el proyecto se busca transformar los colegios
inmobiliarios en entidades voluntarias. De esta manera, la colegiación dejaría
de ser un requisito excluyente y se convertiría en una opción para los
profesionales del sector. Esta modificación busca dejar atrás el paradigma
vigente, donde la matriculación y la afiliación a un colegio profesional
resultan condiciones indispensables para operar en el mercado formal.
Esta modificación habilitaría la entrada de nuevos proveedores de servicios de intermediación, lo que permitiría bajar los costos y fomentar la competencia en el sector.
La iniciativa del Gobierno libertario también plantea el fin
de la restricción geográfica para operar en distintas jurisdicciones.
Actualmente, los corredores deben matricularse en cada provincia donde desean
trabajar, lo que limita la movilidad y encarece los costos. Se buscará
habilitar la libre circulación y el ejercicio profesional a nivel nacional.
