Los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), confirman que se profundiza la recesión económica y el cierre de empresas, sobre todo en el sector fabril, en los primeros dos años de la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei. En base a los registros del seguro obligatorio del sistema que maneja la SRT, se confirmó que en los últimos 22 meses cerraron casi 20.000 empresas y fueron despedidos 260.000 trabajadores registrados, en blanco.
Según informó el diario Clarín, en septiembre, el último dato oficial muestra que entre altas y bajas, hubo una reducción de 970 empresas afectando a 4.360 trabajadores.
En lo que va de 2025, entre altas y bajas, el número de empresas con al menos un trabajador se redujo de 499.682 (diciembre 2024) a 492.223 (septiembre 2025). Son 7.459 “unidades productivas” menos en 22 meses.
En cuanto a los trabajadores empleados, disminuyeron de 9.647.751 a 9.576.189. Son 71.562 empleados menos, de acuerdo a los datos de la SRT, en los primeros 22 meses del gobierno del presidente que se autoproclamó “experto en crecimiento económico con o sin dinero”.
Respecto a noviembre 2023, mes base para evaluar la gestión liberticida, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 511.337 empleadores y 9.840.290 trabajadores.
En consecuencia, en esos 22 meses se produjo una caída neta —entre altas y bajas— de 19.114 empleadores (casi 30 por día) o “unidades productivas” que emplean a uno o más trabajadores. Y disminuyó en 264.101 el total de trabajadores o empleados, pese a la caída del salario y del costo laboral.
Las áreas más castigadas en términos de empleo fueron las vinculadas a la construcción, la industria manufacturera, comercio y el sector público. Con 512.898 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 como consecuencia de la devaluación y de la “motosierra” que afectó en especial a la construcción por la paralización de la obra pública y privada, y al empleo público.
Luego hubo una lenta recuperación que se detuvo en septiembre del año pasado. Lo mismo pasó con el número de trabajadores: de 9.893.914 al final de 2023, sumaron en diciembre 9.647.751. Luego continuó el retroceso a un ritmo menor y se aceleró este año hasta 9.576.189 en septiembre pasado.
Estos retrocesos, tanto de empleadores como de empleados, se explican por las desvinculaciones, retiros voluntarios y cesantías en el sector público y privado, en especial en la industria manufacturera y el sector público, y el incremento de la informalidad.
Todo esto, en un contexto en el que el consumo no repuntó por la suba del desempleo, caída de ingresos de las familias (en términos reales, es decir, descontada la inflación) y la reducción del dinero disponible para la compra de alimentos o vestimenta, por el mayor peso que absorbieron las tarifas de los servicios, como electricidad, gas, prepagas o expensas.
Sobre este punto, según una investigación de la Universidad Nacional de Buenos Aires para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en un periodo de 22 meses, la Canasta de Servicios aumentó en promedio un 526%, muy por encima de la inflación acumulada del 164% (datos del INDEC). Al comparar los valores de las tarifas de diciembre del 2023 (cuando asumió Milei) y septiembre del 2025, el servicio de agua potable aumentó un 356%; la electricidad un 230%; el gas natural un 1125%; y el transporte un 831%.
De acuerdo con el portal LPO, los datos muestran que, en el sector fabril, el uso de la capacidad instalada cayó al 61% en octubre. Es el peor nivel desde 2002. Sectores sensibles, como el textil, operan por debajo del 33% de su potencial.
La capacidad instalada es la producción máxima que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando la utilización baja, las máquinas paran. Los costos fijos siguen. Los márgenes se comen con el tiempo. Menos producción hoy, menos inversión mañana y la amenaza del cierre.
Un síntoma agudo de la destrucción de fábricas se detecta en la cadena de pagos. La Unión Industrial Argentina (UIA) compartió una encuesta en la que reveló que casi la mitad del sector no puede cubrir salarios, impuestos o proveedores. Por otro lado, señalaron que un 8,2% falla en todos los rubros.
De acuerdo a ese trabajo, el 47,5% de los industriales que participaron de la encuesta reconocieron que tiene problemas para cumplir con al menos una de sus obligaciones principales. Impuestos encabeza la lista con el 29,3%. Lo sigue proveedores, con el 26,7%.
En ese marco, durante el último trimestre se registró un incremento entre el 30% y el 40% en los cheques rechazados. La reconocida Bodega Norton, por ejemplo, acumuló más de 40 cheques rechazados por un total de 618 millones.
El informe señala que las Pymes son las más golpeadas, con cobros al Estado que se estiran entre 30 y 90 días. También hay casos extremos como el de Bodega Norton, que además de los 40 cheques rechazados tiene una deuda bancaria de más de 42 mil millones.
Esta crisis caló hondo en la mesa chica de la UIA. No como un tema más de agenda, sino como una presencia incómoda que nadie pudo ignorar. Los principales dirigentes industriales se reunieron en la sede de Av. de Mayo y el clima fue de preocupación abierta.
Los informes que circularon mostraron una caída sostenida de la actividad manufacturera y del empleo. La retracción del consumo interno, la apertura de importaciones y el encarecimiento del crédito dejaron sin aire a buena parte del entramado fabril. Los propios empresarios admiten que ya no se trata de una desaceleración: es una crisis instalada.
Sin embargo, pese a este cuadro de situación, el titular de la UIA, Martín Rappallini, evita declaraciones fuertes contra el gobierno de Milei. Casualidad o no, Rappallini es el dueño del Grupo Alberdi, que a su vez integra el Grupo PSJ, que impulsa el Proyecto de la Minera San Jorge, recientemente aprobado por el Senado en Mendoza.
Pese al rechazo y las marchas multitudinarias de los mendocinos que temen la contaminación de las napas de agua potable por el proyecto minero, el gobernador radical “con peluca” Alfredo Cornejo dio luz verde a la iniciativa avalada por el gobierno de Milei, que beneficia a las empresas de Rappallini.
