Esta semana el Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gioalluca, ratificó que se intimó judicialmente a la Dirección Nacional de Vialidad, por no cumplir con las obras necesarias para la reparación de rutas nacionales y por no informar fehacientemente, sobre el destino de los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que el gobierno ultraderechista de Javier Milei está desviando desde diciembre del 2023.
Gialluca, informó que, habiéndose recopilado la totalidad de los antecedentes sobre el estado actual de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95 dentro del territorio de Formosa, la Dirección Nacional de Vialidad no cumplió con las obras necesarias. Asimismo, está vencido el plazo otorgado por la Justicia Nacional en el marco de la causa judicial que se lleva adelante junto con la Fundación Padres Unidos por el Dolor ante el Juzgado Federal N° 1 de Formosa, a cargo del doctor Pablo Morán.
La sentencia, que data de fines de junio, establece que, Vialidad Nacional deberá ejecutar en un plazo de 90 días tareas de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas. Según informó el diario Perfil, la situación más crítica se registra en el Puente Blanco, donde el socavamiento y los hundimientos ya ocasionaron accidentes fatales.
De acuerdo con el fallo, el estado actual de las rutas representa un riesgo grave para la seguridad vial y el derecho a la vida. “A priori entiendo que no se brinda la seguridad necesaria a los usuarios de las rutas, configurando una amenaza para la seguridad vial y un claro riesgo para la vida”, expresa la resolución del juez Morán, incumplida por la DNV y el gobierno de Milei.
El deterioro de las rutas nacionales no sólo pone en peligro a quienes las transitan, sino que impacta directamente en la economía regional: el transporte de cargas se vuelve más lento y costoso, cae el turismo y se dificulta el acceso a servicios esenciales en comunidades aisladas.
Las obras consisten en reparación y relleno de pozos y protuberancias, sellado de grietas peligrosas para el tránsito, tareas de bacheo y mantenimiento, y limpieza de banquinas en los puntos indicados oportunamente. En ese marco, se peticionó que se intime a Vialidad Nacional a informar los lugares en los que intervino en cumplimiento de la medida cautelar. Además, se solicitó que detalle los trabajos realizados hasta la fecha o, en su defecto, que explique los motivos o causas de su desobediencia judicial.
Respecto del reclamo, el defensor del pueblo formoseño señaló también que, hasta el momento, ni el jefe de Gabinete Guillermo Francos, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, han brindado explicación alguna sobre el destino que el Gobierno Nacional le da al impuesto a los combustibles líquidos (ICL) un canon que por ley tiene asignación específica, es decir, la refacción y mantenimiento de las rutas nacionales.
Gialluca, recalcó que la norma establece que esos fondos deben ser transferidos para financiar obras viales en todas las provincias argentinas.
Cabe recordar que, con las elecciones legislativas por delante, el Gobierno Nacional anunció la apertura de sobres para la licitación de tramos de rutas nacionales, hecho que fue presentado como una “privatización”. La medida se difundió como un “nuevo sistema” que vuelve a colocar al Estado en un rol ya conocido: se utilizarán fondos públicos para financiar obras que luego serán explotadas por un privado.
La primera concesión, explicó, contará con un fuerte financiamiento estatal a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
El Defensor del Pueblo formoseño advirtió que se trata de “un tema muy grave que nos debe encontrar a todos unidos”. Y agregó: “No podemos seguir permitiendo que el Gobierno Nacional, al haber decidido que no le interesa la obra pública, continúe jugando con la vida de la gente”.
En esta línea Gialluca señaló también que el Estado nacional, retiene gran parte de los impuestos nacionales que pagan los ciudadanos, como el IVA, el Impuesto a las Ganancias, a Bienes Personales, los derechos de exportación (retenciones) y también, el ICL, incumpliendo con la ley.
Según el defensor, esta situación responde a una mirada centralizada del presidente de la Nación y su gabinete, enfocada exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Los que vivimos en el interior sabemos del pésimo estado en que se encuentran las rutas nacionales, situación agravada por la inexistencia de una política de seguridad vial. Este hecho no sucede en ningún país del mundo, porque las rutas requieren inversión del Gobierno Nacional y un reconocimiento del aumento constante de los siniestros viales. Por eso los hacemos directamente responsables”, fustigó Gialluca.
De acuerdo con la Dirección de Estadística Vial, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación, en lo que va de 2025 ya se registraron 3.894 fallecimientos por incidentes viales. Esta penosa cifra, responsabilidad casi exclusiva de la administración ultraderechista de Milei, que equivale a unas 12 muertes por día.
Agencia Hoy consultó a un referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) sobre el reclamo y los montos que se estiman, el Estado nacional recauda por el ICL, sin invertirlo en la refacción de rutas nacionales, un problema que recrudece también en Misiones y en el resto del país. “El ICL se estima en los 3 mil millones de dólares por año”, señalaron las fuentes, sobre la recaudación que ascendería a los 4,2 billones de pesos.
