En el contexto de los femicidios de Agostina Vega en Córdoba y de Dulce María Candia en Eldorado, la referente de la asociación Casa del Encuentro, Ada Rico, manifestó que existen problemas con la toma de las denuncias por desapariciones de menores de edad, porque en general, se aplica la norma que sostiene que se debe esperar 48 horas para iniciar las tareas de búsqueda.
En diálogo con LT4 y Agencia Hoy, Rico comentó sobre las dificultades para la toma de denuncias. “Por supuesto que hay problemas, porque en la mayoría de los casos la policía aplica el tema de que hay que esperar 48 horas. Y no hay que esperar 48 horas. Cuando una menor está desaparecida, sea niña o niño, es imprescindible que la denuncia se tome inmediatamente”, recalcó la activista, una de las fundadoras de la Casa del Encuentro.
En este sentido, Rico insistió en que cada vez que se denuncia una desaparición “también que se aplique la alerta Sofía. Y eso no está sucediendo porque hay muertes que se podrían haber evitado”, sostuvo Rico. Y amplió sobre los casos de Dulce Candia y Agostina Vega: “Aquí estamos hablando de estas dos menores que fueron asesinadas estos últimos días”.
Por otra parte, Rico se refirió a las estadísticas oficiales sobre los femicidios, que marcan un descenso en las cifras de víctimas en el último año, con respecto a años anteriores. “Históricamente, los informes de la Corte Suprema de Justicia de Nación dieron un porcentaje menor a todos los relevamientos que se realizan desde la sociedad civil. en nosotros desde la Casa del Encuentro, los distintos observatorios que existen”,. comentó.
“Esto sí tiene una explicación. Realmente, ojalá los femicidios hubieran descendido, pero no es la realidad. Lamentablemente, si los casos de asesinatos de mujeres no están caratulados como violencia de género, estos expedientes no llegan a (ser) relevados. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando se comete un asesinato de una mujer, no se aplica el contexto de violencia de género, o se aplican las leyes locales de violencia, omitiendo la ley nacional 26.485, ese caso no es relevado”, explicó Rico sobre los problemas de relevamiento de los femicidios, cuando las estadísticas las elabora el Estado.
En esta línea, Rico puso de relieve la omisión de los casos de femicidio, cuando se dan en contexto de otros delitos y no son registrados como crímenes por razones de género o en contextos de violencia hacia las mujeres. “En el caso de un asesinato en contexto de narcocriminalidad, o un asesinato donde no se aplica la perspectiva de género para analizarlo. En conclusión, esa carátula del caso lo que indica si realmente es un feminicidio”, describió la referente de la Casa del Encuentro.
Con respecto a las diferencias en el registro, Rico aclaró que la Casa del Encuentro contabilizó 262 femicidios en 2025, 62 más que los reconocidos por el observatorio de la Corte Suprema. La Casa del Encuentro relevó 262 víctimas y los distintos observatorios, algunos números más o menos, (relevaron) la misma cantidad. No es que la Corte no quiera publicarlos. El tema es la carátula (judicial) en la que está puesto este asesinato”, insistió.
Para ejemplificar su perspectiva, Rico señaló que en el caso de Agostina Vega, la adolescente asesinada y descuartizada en Córdoba, todavía no está definido si se va a caratular esa causa como femicidio. A la carátula de ese expediente, “todavía no la sabemos. Porque si le aplican es ‘criminis causa’, que la asesinó para ocultar otro delito, este caso nunca llegaría al informe que tienen que relevar (los femicidios)”, comentó.
“Tenemos el mismo tema, lo tenemos todos los años con los informes de la Corte (Suprema) que celebramos que existan, porque recordemos que en el año 2015, cuando fue el primer ‘Ni Una Menos’, pedíamos que hubiera estadísticas oficiales que no existían. De hecho, las primeras estadísticas sobre asesinatos de mujeres fueron en el 2008, la Casa del Encuentro los comenzó a relevar”, recordó la activista, sobre la importancia de que existan relevamiento oficiales sobre este tipo de crímenes, para focalizar las políticas de prevención, por provincias y distritos.
No obstante, Rico aclaró que, más allá de las controversias por los números, 200 víctimas de femicidios en Argentina, es una cifra preocupante. “Están hablando de 200 femicidios, que es muchísimo, pero la realidad nos indica que es mucho mayor la cantidad de mujeres, niñas y adolescentes que son asesinadas a lo largo de nuestro país”, insistió.
Repreguntada sobre si se están llevando adelante políticas públicas contra la violencia de género, Rico fue lapidaria: “Lamentablemente, tengo que decir que no hay, porque ha sido desmantelado y desfinanciado todo lo que tenga que ver con violencia de género en Argentina. Tenemos un Estado que niega que exista la violencia de género, que niega los femicidios. Entonces, estamos en una situación muy complicada, todas las organizaciones que trabajamos en esta temática. Y por supuesto las más perjudicadas son las mujeres, las adolescentes, las niñas, los niños que están en una situación de violencia”, alertó.
“Tenemos un Estado que retrocedió muchísimo en esta temática”, insistió Rico, advirtiendo que “en la actualidad no tenemos lugares donde derivar (a víctimas de violencia de género) porque han cerrado (refugios). Es una situación lamentablemente muy complicada y ojalá todos estos casos tan mediáticos les haga comprender al poder ejecutivo que es imprescindible que se sostengan todos los programas y los lugares de acompañamiento para las mujeres y las niñas y los niños”, graficó.
En esta línea, Rico enfatizó que “es importante trabajar en la prevención” y en el acompañamiento de víctimas de violencia sexista, porque cuando se habla de femicidio, el Estado y la sociedad “llegaron tarde”.
Asimismo, Rico advirtió también que hay “violencia institucional” en Argentina, materializada en discursos como los del fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, quien pidió entregar una medalla al perro que halló el cadáver, en una tensa conferencia de prensa este sábado 30 de mayo, con la confirmación del deceso.
“Ahí tenemos un funcionario que está hablando y eso es violencia institucional. No le dedicó un segundo de empatía a la familia que lo estaba escuchando y a toda la sociedad que estaba llorando un asesinato. Entonces ahí está bien claro”, expresó Rico, que vinculó esa postura del fiscal cordobés, con la que adoptan uniformados de la policía de todo el país.
“¿Qué le pasa a una mujer cuando va a hacer una denuncia y encuentra eso? Eso también es violencia institucional. Cuando no les toman la denuncia, cuando las maltratan, cuando descreen lo que está diciendo. Y eso, indudablemente, es una línea que se está bajando desde las altas esferas para que todo esto suceda”, sentenció Rico.
