El Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) identificó
una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica
en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones
fantasmas, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados.
Los relevamientos, realizados
mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y
auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados,
detectándose la repetición de estas maniobras en Santiago del Estero, Buenos
Aires, Entre Ríos y La Rioja.
La auditoría identificó al menos
cinco modalidades de desvío, siendo la más extendida la sobrefacturación de
anteojos. Según el informe, los prestadores recetaban lentes de baja graduación,
pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros:
"Un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos
facturados llegaron a $27.204".
A esto se suman las "prestaciones
fantasmas", consistentes en consultas y estudios nunca realizados, donde
"hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico".
El esquema también incluyó
circuitos cerrados con conflictos de interés y el cobro indebido a los
jubilados por lentes que debían ser gratuitos. Los auditores relevaron
casos donde se ofrecían productos fuera de cobertura a precios exorbitantes,
llegando a detectar pagos de "hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes
que debían estar cubiertos".
En Santiago del Estero, se
confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones,
confirmándose un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el titular
de la óptica.
En Entre Ríos, la situación
fue descrita por los auditores como una "facturación sin sustento médico
real", tras hallar 613 casos de sobrefacturación y recetas emitidas sin
dioptrías.
Estas maniobras se
enmarcan en un proceso de investigación más amplio sobre el sistema OME que ya
cuenta con al menos seis causas judiciales activas. "Esta gestión no
encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y
erradicar los abusos", destacaron fuentes del Instituto.
Uno de los expedientes más
avanzados radica en Rafaela, Santa Fe, donde se pidió el juicio oral para un
médico y una farmacéutica por confeccionar 636 prescripciones apócrifas. El
fraude se constató al rastrear las direcciones IP de las recetas electrónicas,
las cuales "correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio
comercial de la farmacia".
Otros hallazgos incluyeron
volúmenes de atención imposibles, como un cardiólogo que registró 689 órdenes
en un solo día, lo que equivaldría a jornadas de hasta "108,7 horas
diarias".
Esta serie de auditorías
comenzó bajo la gestión de Esteban Leguizamón, quien al asumir halló un déficit
que ascendía a los 92.000 millones de pesos. Como contrapartida, la
administración ya "recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en
gastos políticos e innecesarios", eliminando gran parte de la estructura
jerárquica y centralizando la compra de insumos para evitar la cartelización.
El organismo implementó ahora controles más estrictos y monitoreos permanentes para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios.
Fuente: NA
