El Poder Ejecutivo remitió a la
Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado “Régimen de Incentivo para
Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, conocido como “Súper RIGI”, con el
objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores que hoy no tienen
desarrollo o se encuentran en fase experimental en la Argentina.
La iniciativa, formalizada
mediante el mensaje N° 181/2026 y enviada al presidente de la Cámara baja,
Martín Menem, apunta a crear “un régimen integral de incentivos, seguridad
jurídica y estabilidad normativa” destinado a captar capitales para industrias
estratégicas.
Según fundamentó el Ejecutivo, el
proyecto busca revertir un escenario caracterizado por “décadas de
inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva, restricciones cambiarias
y un marco regulatorio que desincentivó sistemáticamente la radicación de grandes
inversiones”. En ese sentido, advierte
que esa situación dejó al país “al margen de las cadenas globales de valor en
sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la
biotecnología avanzada y la infraestructura digital”.
La propuesta se presenta como una
evolución del actual RIGI aprobado con la Ley 27.742, aunque con un alcance más
acotado: estará dirigido exclusivamente a “actividades económicas genuinamente
nuevas en el país, con un impacto transformador en la estructura productiva
nacional”.
El texto establece que podrán
acceder al régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de
dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos
años. Además, las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de
Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.
Entre los principales beneficios
contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias,
amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite
temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años. También prevé exenciones de derechos de
importación y exportación, junto con un esquema de certificados de crédito
fiscal para el IVA.
En materia cambiaria, el régimen
habilita la libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por
exportaciones y elimina la obligación de liquidar dólares vinculados a
financiamiento o aportes de capital. A
esto se suma una estabilidad normativa —tributaria, aduanera, previsional y
cambiaria— por un plazo de 30 años desde la adhesión.
El proyecto también contempla
incentivos laborales, como una alícuota única del 10% en contribuciones
patronales para nuevos empleos generados por los proyectos.
Otro punto central del esquema es
la exigencia de adhesión por parte de provincias, la Ciudad de Buenos Aires y,
eventualmente, municipios. El Gobierno plantea que el éxito del régimen depende
de un compromiso coordinado de todas las jurisdicciones para garantizar
“condiciones tributarias razonables, estabilidad regulatoria y estándares de
desarrollo acordes a las mejores prácticas internacionales”.
En su mensaje al Congreso, el
Ejecutivo subrayó que el país necesita “emitir una señal institucional
inequívoca hacia los inversores” y sostuvo que la iniciativa busca posicionar a
la Argentina “como un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias
del futuro”.
Asimismo, defendió el enfoque
promercado del proyecto al señalar que “su lógica no es la de favorecer al
capital en abstracto, sino la de vincular los incentivos que se otorgan con
resultados tangibles para las comunidades donde los proyectos se radican:
empleo genuino y sostenido, transferencia de tecnología y desarrollo de cadenas
productivas locales”.
El “Súper RIGI” forma parte del
paquete de iniciativas anunciado el viernes pasado (cuatro, junto con la ley de
lobby, Etiquetado Frontal y ludopatía) y quedará ahora bajo análisis de la
Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con una de las
principales apuestas económicas de su agenda legislativa, con el objetivo de
atraer inversiones en sectores considerados clave para el desarrollo de largo
plazo.
Fuente: Parlamentario
