El Fondo Monetario Internacional
volvió a colocar a la Argentina en el centro del debate económico global con
una evaluación que combina respaldo político al programa de Javier Milei y una
advertencia estructural sobre los desafíos que aún condicionan la
sostenibilidad del modelo.
Tras aprobar la segunda revisión
del acuerdo por US$20.000 millones, el directorio del organismo validó la
estrategia de ajuste aplicada por el Gobierno, destacó la desaceleración de la
inflación y proyectó un escenario de crecimiento moderado, pero al mismo tiempo
dejó en claro que el éxito del plan dependerá de reformas profundas aún
pendientes.
El informe técnico difundido tras
la revisión ratifica el diagnóstico central del Fondo: el programa económico
logró avances significativos en tiempo récord, especialmente en materia fiscal.
De hecho, el organismo calificó el ajuste inicial como “excepcionalmente grande
en comparación internacional”, un reconocimiento que subraya la magnitud del
recorte del gasto público implementado en los primeros meses de gestión.
Este giro permitió recuperar uno
de los pilares clave del esquema macroeconómico argentino: la credibilidad,
condición indispensable para estabilizar expectativas en un país acostumbrado a
ciclos recurrentes de crisis.
En línea con ese enfoque, el FMI
también valoró la velocidad del proceso de desinflación, que —según su
evaluación— avanzó más rápido que en experiencias previas de estabilización.
La reducción de la inflación no
respondió a un único factor, sino a una combinación de políticas: la corrección
de precios relativos, la eliminación de controles, la liberalización de
restricciones comerciales y financieras y un manejo más estricto del frente
fiscal. Este conjunto de medidas permitió quebrar la inercia inflacionaria en
un contexto que el propio organismo considera más robusto que episodios
pasados.
A diferencia de otras crisis
argentinas, el Fondo también destacó la decisión del Gobierno de respetar
contratos y compromisos de deuda, así como el impulso al blanqueo de capitales
lanzado en 2024 para fomentar la repatriación de activos. Estos elementos son
interpretados como señales de previsibilidad institucional, un factor clave
para atraer inversión y sostener la recuperación económica.
En términos de proyecciones, el
organismo plantea un escenario moderadamente optimista para el corto plazo.
Para 2026, estima un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,5%, una
inflación anual del 25%, una tasa de desempleo del 7,2% y un superávit fiscal
primario equivalente al 1,4% del PBI. Se trata de cifras que reflejan una
economía en proceso de estabilización, aunque aún lejos de consolidar un ciclo
de crecimiento sostenido.
Sin embargo, detrás del respaldo
técnico emerge una advertencia de fondo: la estabilización inicial no garantiza
la sostenibilidad del modelo. El informe identifica tres áreas críticas que
requieren atención inmediata: la acumulación de reservas, la consistencia del
régimen cambiario y la necesidad de reformas estructurales, especialmente en el
sistema tributario y previsional.
El frente externo aparece como uno
de los principales puntos de vulnerabilidad. El FMI advierte que la acumulación
de reservas y la recuperación de la demanda de pesos avanzan más lentamente que
en otros programas de estabilización, un fenómeno que atribuye en parte a la
incertidumbre política y financiera que atravesó el país durante 2025.
En ese contexto, el organismo
considera indispensable sostener la compra de divisas y consolidar un esquema
de mayor flexibilidad cambiaria, en línea con las recientes modificaciones
implementadas por el Banco Central.
Este punto no es menor: la
historia económica argentina muestra que las crisis suelen estar asociadas a
tensiones externas y falta de reservas. Por eso, el Fondo insiste en que la
fortaleza del programa dependerá en gran medida de la capacidad del país para
reconstruir su posición externa y reducir la vulnerabilidad frente a shocks
financieros.
El segundo eje de preocupación es
de carácter estructural. El informe es particularmente crítico con el sistema
tributario argentino, al que define como “complejo, altamente distorsivo e
inestable”, con efectos negativos sobre el crecimiento y la competitividad.
Según el diagnóstico del organismo, la actual estructura impositiva presenta
superposición de tributos entre Nación y provincias, baja eficiencia
recaudatoria y una fuerte dependencia de impuestos considerados distorsivos,
como Ingresos Brutos.
En este sentido, el FMI propone
avanzar hacia una reforma integral que simplifique el sistema, amplíe la base
del impuesto a las Ganancias, racionalice el IVA y reduzca el peso de las
exenciones fiscales, al tiempo que elimine tributos que afectan la competitividad.
La recomendación apunta a corregir un problema histórico de la economía
argentina: la sobrecarga tributaria sobre el sector formal, que limita la
inversión y favorece la informalidad.
El tercer frente es el sistema previsional, que el propio organismo considera fiscalmente insostenible en el largo plazo. Con un gasto elevado y múltiples regímenes superpuestos, la estructura jubilatoria representa una de las principales fuentes de presión sobre las cuentas públicas. En este punto, el Fondo insiste en la necesidad de una reforma que permita garantizar equilibrio financiero sin comprometer la cobertura social, un desafío político de alta complejidad.
Fuente: NA
