La reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei, centrada en “salarios dinámicos” y “flexibilidad horaria”, entre otros puntos que restan derechos a los trabajadores de Argentina, fue analizada con crudeza por el abogado Matías Cremonte, el ex presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, quien recordó que la Ley Bases (Ley Nacional N° 27.742) ya se impuso una reforma laboral de hecho, y no mejoraron los niveles de empleo y registración de los empleados, si no, todo lo contrario.
“Son varios los funcionarios desde el presidente (Milei) hasta el ministro de Economía (Luis Caputo), el Desregulación (Federico Sturzenegger) y ahora el Secretario de Trabajo (Julio Cordero) que plantean la necesidad de reformar la legislación laboral como si no hubiera habido ya una reforma en este país, muy profunda, aprobada por este mismo gobierno a través de la ley bases”, recalcó Cremonte, en diálogo con LT4 este viernes.
En esta línea, Cremonte remarcó: “Pareciera que no hubo una reforma y que ahora sería el momento de hacerlo. Y es importante recordarlo porque los objetivos que se proponían en la reforma de la ley bases, la reforma laboral, eran los mismos que ahora: modernizar, garantizar el crecimiento económico, el crecimiento del empleo registrado. Y en ese sentido, fracasó rotundamente”, fustigó.
Consultado por el contenido de la reforma laboral anunciada por el Gobierno, Cremonte explicó que lo que anunció ayer el Secretario de Trabajo, Julio Cordero “es un cambio radical con el esquema de la negociación colectiva en Argentina, que es llevar la posibilidad de acordar salarios al nivel menor que es el de empresa. Hoy en Argentina los salarios son acordados por los sindicatos, las federaciones, en el marco de las paritarias, con las cámaras empresarias y se fijan para todo el país, en una misma actividad y para todo el país”, detalló el abogado laboralista.
“Por supuesto existen los convenios por empresa, pero tomando como base el piso del convenio de la actividad, solo pueden mejorarlo. Lo que propone ahora el Secretario de Trabajo es, que el convenio por empresa tenga una preeminencia. Entonces, más allá de que se firme un salario para toda la actividad, eso se ha tomado como un techo y luego en cada empresa se puede reducir ese salario. Esa es la dinámica que quieren darle al salario”, comentó Cremonte, dando cuenta de un proyecto para permitir a las empresas, pagar salarios más bajos que los establecidos por paritarias.
De acuerdo con Cremonte, esta iniciativa “ya existió en nuestro país”, porque “también vale la pena recordar, que es un viejo anhelo del empresariado local llevar la negociación colectiva al nivel de empresa y lo hicieron. Claro, en ese momento tuvieron que recurrir a la corrupción, a las colmas, porque fue la conocía como ‘Ley Banelco’ en año 2000 del gobierno de la Alianza, que promovió la negociación colectiva a nivel de empresa”, fustigó el abogado, mostrando el vínculo entre el proyecto de Milei y el del expresidente radical Fernando De La Rúa, del que se comprobó que avanzó mediante coimas en el Congreso de la Nación.
“Eso fracasó, pero ahora vuelven sobre la posibilidad de llevar adelante este esquema totalmente diferente de paritarias y de acuerdos salariales”, puntualizó el laboralista.
Por otra parte, Cremonte aclaró que esta reforma laboral que pretende el gobierno de Milei, va en línea con “lo que es la política de ingresos de este gobierno. Porque este Secretario de Trabajo (Cordero) que antes de asumir era gerente de recursos humanos de Techint, es decir, está claro cuál es su trayectoria en términos de quién representa y cuáles son los objetivos para los cuales promueve este tipo de reformas, es el secretario de trabajo que se niega a homologar acuerdos salariales que superen el 1% mensual, cuando la inflación es el doble o más”, denunció el abogado.
“Entonces es el Secretario de Trabajo (Cordero) que impulsa la reducción de los salarios reales. Si yo gano un salario y este salario aumenta por debajo de la inflación, entonces el salario real se está reduciendo. Esa es la base de la política de ingresos de este gobierno”, fustigó Cremonte. Y amplió: “la idea de ‘salarios dinámicos’, se enmarca en esa misma política regresiva de ingresos.”
Por otra parte, Cremonte aclaró que en la década del ‘90s, “fue muy proclive a reformas laborales regresivas, con el mismo fundamento que ahora, por lo menos el mismo objetivo declamado por aquellos gobiernos, de que esto iba a generar mejores condiciones para el crecimiento del empleo. Y esa década terminó arañando el 25% de desocupación. Quiere decir que en realidad la legislación laboral no incide en el crecimiento del empleo”, explicó el letrado.
“Ni una legislación protectoria perjudica el crecimiento del empleo, ni una legislación flexible o que garantice precariedad laboral, promueve el crecimiento del empleo. En realidad, lo que determina que crezca la economía, que crezca los niveles de empleo, es la política económica de un gobierno determinado”, analizó el abogado.
En esta línea, Cremonte planteó que si actualmente las empresas, “no tienen la rentabilidad que tenían en otro momento, no tiene que ver con los denominados costos laborales, o con la (supuesta) rigidez de la legislación laboral, sino porque se ha deprimido el mercado interno, no venden lo que producen, se abrieron las importaciones de manera indiscriminada y entonces no pueden competir contra productos que ingresan de otros países”, fundamentó.
Asimismo, Cremonte recalcó que el crédito, el costo del dinero es altísimo”, y “las empresas deben pagar casi un 100% de tasa de interés si quieren financiarse. Entonces es la política económica la que conspira contra la creación de empleo, y por supuesto no la legislación laboral”, insistió.
En cuanto a los argumentos del gobierno ultraderechista para defender esta reforma laboral regresiva y perjudicial para los trabajadores, Cremonte comentó que los funcionarios plantean que “es necesario reformar la legislación laboral, quitar derechos, para que de este modo los empresarios contraten más personal. Eso es una falacia porque no tiene ningún asidero fáctico, ni en Argentina, ni en la historia del mundo”, precisó.
De acuerdo con Cremonte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “encargó a un grupo de expertos en el año 2015, el estudio de todas las reformas laborales que se hicieron en el mundo, luego de la crisis económica del 2008, y llegó a la conclusión de que en ningún caso esas reformas laborales redundaron en un crecimiento económico o de algún tipo de indicador social. Por el contrario, la economía continuó siendo recesiva, insisto, porque no depende de la legislación laboral”, sostuvo.
En un tramo saliente de la entrevista, Cremonte planteó el problema de cuáles son los verdaderos objetivos del gobierno liberticida y de los empresarios que impulsan esta reforma laboral. “Evidentemente, (buscan) garantizar una mayor rentabilidad de las empresas”, dijo el abogado, aclarando que no considera que las empresas “no tengan derecho a tener rentabilidad”, sino que, “lo que no pueden es basar su rentabilidad en la mayor explotación, menores salarios, mayores jornadas de trabajo, en peores condiciones, en mayor sumisión”.
Vinculado a esto, Cremonte recordó que la Ley Bases votada en el Congreso por una mayoría de diputados de la oposición “dialoguista” y los que responden a gobernadores, “elevó el periodo de prueba hasta 12 meses. Eso implica que las personas están pendientes de que sean efectivizadas hasta finalizar ese periodo de casi un año, (terminan) accediendo a realizar tareas que de otra forma seguramente no harían, a hacer horas extras aunque no puedan hacerlas o cobrarlas”, subrayó.
“Es decir, es una forma de garantizar un mayor poder, nocivo por supuesto porque no se trata de un poder en abstracto para los empresarios en prejuicio de las personas que trabajan, y no garantizarlo por otras vías”, dijo Cremonte, que mencionó algunas de las políticas que podrían mejorar el funcionamiento de las empresas, como servicios subvencionados para la producción e industria o los “créditos flexibles para incorporar tecnología”.
Por último, el abogado laboralista se mostró a favor de “fomentar el crecimiento de la economía y la industria y que eso genere mayor consumo, mayor empleo”, para que la rentabilidad de los empresarios, “no esté solo basado en la posibilidad de tener mayor explotación” sobre los trabajadores.
