La Cámara de Diputados votará el próximo miércoles 4 de junio el proyecto para declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027, en medio de una fuerte presión social y política tras las denuncias contra Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien fue acusado de maltratar a Ian Moche, un niño con autismo que milita por la inclusión.

Según supo Noticias Argentinas, el proyecto impulsado por Daniel Arroyo (UxP) contempla la actualización de fondos para transportistas, acompañantes terapéuticos y prestadores, y exige reactivar las pensiones por invalidez, de las cuales solo se otorgaron 586 de 500.000 solicitudes en los últimos 14 meses.

La iniciativa cuenta con tres dictámenes firmados en abril y el respaldo de bloques como Encuentro Federal, el FIT, la Coalición Cívica, un sector de la UCR y Democracia para Siempre. El oficialismo de Javier Milei ya expresó su rechazo al proyecto por considerar que afecta las metas de déficit cero, y desde ANDIS lo calificaron como “asistencialista” y “regresivo”.

En ese marco, los dichos de Spagnuolo a Ian Moche y su madre, Marlene Spesso, cobraron relevancia nacional. Durante una reunión en marzo de 2024, el funcionario habría dicho: “Si tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado. ¿Por qué tengo que pagar peaje y vos no?”.

La familia respondió esta semana en una entrevista televisiva con Paulino Rodrigues, tras ser tildados de “mentirosos” por el funcionario en un descargo emitido en LN+. En ese programa, Ian se mostró visiblemente afectado y pidió no ser revictimizado. Marlene lamentó que Spagnuolo solo “salga de su despacho para desmentir a un nene” y no para resolver la crítica situación del sector.

Desde la oposición aseguran contar con una mayoría amplia para aprobar la ley, aunque el Ejecutivo podría recurrir al veto presidencial. “Esta vez no tienen los votos para blindar el veto como hicieron con las leyes universitaria y jubilatoria”, advirtió Arroyo.

La votación ocurre tras masivas movilizaciones en todo el país, y con el respaldo de la Conferencia Episcopal Argentina, que reclamó “respuestas urgentes” y recordó que “las personas con discapacidad no pueden esperar”. La sesión está convocada para el miércoles al mediodía.