Desde diciembre de 2023, la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei viene implementando una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado.
Así lo detalla un nuevo informe del CEPA (Centro de Economía y Política Argentina) que analiza la dotación de personal del Sector Público Nacional y actualiza los datos a octubre del 2025.
Las conclusiones del informe, son las siguientes:
*Se perdieron 60.784 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 17,7% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, más de 83 (83,15) personas por día
*En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
*El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.155 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.375 cesantías, y Banco Nación, con 2.069 despidos, mientras que el Aerolíneas Argentinas registra 1.887 desvinculaciones.
*En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80% del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.
*En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.220 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la CONICET, con 1.964 despidos, y el ANSES, con una reducción de 1.584 trabajadores.
*En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64 % de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 46,6 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 43,5% de su dotación.
Cabe remarcar que las respuestas de los gremios de estatales frente a semejante ajuste contra los trabajadores, fue dispar: mientras la UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación) no realizó ninguna movilización, protesta o huelga, la ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y la CTA A (Central de Trabajadores Argentinos Autónoma) llevan adelante diferentes procesos de lucha para retrotraer los despidos.
