Este viernes, se conoció la denuncia penal formulada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional nucleados en la Conaduv (Comisión Nacional de Usuarios Viales) presentada ante los tribunales federales de Comodoro Py, contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Struzenegger (Desregulación), entre otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno nacional.
La acusación presentada por Jorge Maturano, el secretario general de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, apunta a que los funcionarios mencionados son presuntamente responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública y desvío de más de 400 mil millones de pesos correspondientes al impuesto a los combustibles líquidos (ICL), fondos extrapresupuestarios que debían destinarse con exclusividad al mantenimiento y desarrollo de la red vial federal.
Con el patrocinio letrado del Dr. Rodrigo Octavio Tamay, la extensa denuncia penal que quedó radicada ante el Juzgado Federal N° 7 (causa CFP 2473/2026). La presentación judicial solicita investigar una presunta matriz de desvío y retención ilegal de recursos que sumergió a las rutas nacionales en un estado ruinoso y a la Dirección Nacional de Vialidad, en una “quiebra técnica” inducida.
Según detalló el portal NRR, la denuncia abarca de manera directa a los principales responsables del diseño y la ejecución de las políticas económicas y de desregulación del Estado, así como a las propias autoridades internas de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Los imputados principales son: Luis Caputo (Ministro de Economía); Federico Sturzenegger (Ministro de Desregulación y Transformación del Estado); Nicolás Posse y Manuel Adorni (en sus roles institucionales de Jefatura de Gabinete); y Marcelo Jorge Campoy (Administrador General de la DNV)
Asimismo, fueron denunciados los Gerentes Ejecutivos del organismo: Víctor Francisco Farre (Obras), Ema Lía Albrieu Cipollina (Planeamiento y Concesiones), Fernando Daniel Novoa (Conservación) y Diego Tomás Riveira (Recursos Humanos); junto a los 24 Jefes de Distrito de todo el país.
De acuerdo al escrito, el núcleo del delito consiste en la malversación de fondos con afectación específica. Por ley (N° 23.966), el 28,58% de lo recaudado por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) debe alimentar obligatoriamente el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal, garantizando su intangibilidad y carácter extrapresupuestario.
Sin embargo, el sindicato denuncia que el Ministerio de Economía retuvo y desvió sistemáticamente durante los ejercicios 2024 y 2025 una suma estimada en 0.4 billones de pesos hacia el Tesoro Nacional. Dichos montos habrían sido colocados en instrumentos financieros (letras y bonos) para generar comisiones, privando a la Dirección Nacional de Vialidad de los recursos mínimos para operar y dejando una deuda acumulada equivalente al 90% del presupuesto aprobado de la repartición.
A esto se suma la subejecución de partidas asignadas por el Congreso y el desvío de créditos otorgados por organismos de financiamiento externo.
En tanto, la acusación penal advierte sobre la existencia de un fraude perpetrado mediante la falsificación de datos técnicos oficiales. Específicamente, se acusa al ministro Sturzenegger de falsear informes de gestión vial para argumentar una supuesta “ineficiencia operativa” y de este modo justificar el Decreto 461/2025 que ordenaba la disolución del organismo centenario.
Entre las anomalías detectadas, se constató que el Poder Ejecutivo Nacional llegó a contabilizar herramientas menores (como martillos neumáticos) como si fuesen unidades individuales de “maquinaria pesada”, con el burdo objetivo de inflar de manera artificial el ratio de equipos por agente y justificar el achicamiento de la planta en beneficio de intereses privados.
Por otra parte, los profesionales de la ingeniería vial alertan a la Justicia que la falta de transferencia de fondos no representa un “ahorro público”, sino una millonaria destrucción de activos estatales.
Citando estándares e informes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la denuncia explica que por cada dólar que el Estado deja de invertir a tiempo en mantenimiento preventivo (como sellado y bacheo), se ve obligado a desembolsar entre 4 y 10 dólares en el corto plazo para una reconstrucción total debido al colapso del pavimento estructural. Esta desidia deliberada configura un perjuicio patrimonial inconmensurable para el patrimonio físico de la Nación.
Por último, la demanda penal expone la puesta en marcha de un violento engranaje de hostigamiento institucional comandado por el área de Recursos Humanos de Vialidad. Sostienen que, con el objetivo de acallar las protestas técnicas de los ingenieros y profesionales de carrera contra la entrega de corredores viales a manos privadas en condiciones desfavorables para el Estado, se instauró un “régimen de terror laboral”.
Bajo este esquema, se dictaron normativas ilegales (como la Resolución 707/2024) para evadir el reglamento formal de investigaciones administrativas y purgar a referentes sindicales.
Un caso paradigmático aportado en la causa es el del propio Secretario General denunciante, Ing. Jorge Maturano, a quien se le decretó el cese de funciones mediante resoluciones exprés, antes de que pudiera ejercer su derecho de defensa. El desconocimiento compulsivo de fueros gremiales y los traslados arbitrarios han dejado al personal técnico en un absoluto estado de indefensión legal.
Con todos estos argumentos, el gremio solicitó formalmente al Juez la inmediata intervención del Ministerio Público Fiscal para frenar de manera urgente las maniobras delictivas descritas, preservar el patrimonio del Estado y deslindar las responsabilidades penales de toda la cadena de mandos involucrada.
