El mismo día en que las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto deben reunirse para definir sobre los proyectos relacionados con la moratoria jubilatoria y la mejora en los haberes de la clase pasiva, este martes, se conoció un dato clave pedido precisamente por los legisladores a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
A pedido de legisladores nacionales
la OPC brindó los datos del impacto fiscal de la extensión de las moratorias y
el aumento del bono previsional solicitado.
La prórroga por dos años del
régimen de regularización previsional previsto en la ley 27.805 tiene un costo
estimado del 0,084% del PBI (Producto Bruto Interno) para el primer año y del
0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del
PBI.
De acuerdo con la OPC, según
información disponible y considerando que muchos beneficiarios potenciales de
la PUAM elegirían el beneficio contributivo se calculó que existirían 441.226
nuevos beneficiarios que ingresarían aproximadamente la mitad el primer año y
el resto al segundo año.
En tanto, si el valor del
bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a
partir de junio, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB),
con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB).
Por otra parte, en caso que
el beneficio subiera a $115.000 el impacto llegaría a $1.500.961 millones
(0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB),
informó la OPC.
El informe completo de la
Oficina de Presupuesto, está disponible al final de este artículo.
