La situación económica de Corrientes ingresó en una fase crítica. El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que no habrá aumentos salariales para los empleados estatales y el anuncio detonó un clima de creciente conflictividad con los gremios, en especial en el sector docente, a días del inicio del ciclo lectivo.
“No hay margen para aumentos salariales”, sentenció el mandatario, al justificar la decisión en la fuerte caída de la coparticipación federal y en una deuda que el Gobierno nacional mantendría con la provincia. Según Valdés, Nación adeuda a Corrientes cerca de 250 mil millones de pesos en concepto de consenso fiscal, un rojo que —afirmó— condiciona cualquier margen de maniobra.
Pese a ese diagnóstico, el gobernador sostuvo que “las finanzas internas están equilibradas, aunque al límite”, una afirmación que contrasta con la realidad que atraviesan los trabajadores estatales y los gobiernos locales.
Docentes en alerta y paritarias congeladas
El anuncio cayó especialmente mal en el sector educativo. El ciclo lectivo en Corrientes está previsto para el 2 de marzo y los sindicatos docentes reclaman la apertura urgente de paritarias para evitar una nueva pérdida frente a la inflación.
Tras reunirse con la ministra de Educación, Ana Miño, Valdés evitó precisar fechas o porcentajes y se limitó a señalar que “lo estamos trabajando”. Sin embargo, dejó una advertencia clara: sin fondos de Buenos Aires o una mejora en la recaudación federal, los salarios estatales seguirán congelados.
Municipios quebrados y emergencias en cadena
En paralelo, los 74 municipios correntinos atraviesan una crisis financiera y administrativa de magnitud. Cesación de pagos, balances irregulares, falta de transparencia y declaraciones de emergencia económica se multiplican, mientras el discurso oficial insiste en el equilibrio fiscal.
El cuadro es generalizado: denuncias por cheques “voladores” o directamente inexistentes, cajas vacías al cierre de gestiones el 10 de diciembre y presuntas irregularidades que, en muchos casos, quedarían amparadas por afinidades políticas.
El efecto dominó ya se instaló y empuja a las comunas al terreno de la insolvencia.
Casos que exponen el desorden
Incluso municipios que exhiben una fachada de solidez institucional —como Corrientes Capital, Goya, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros o Ituzaingó— arrastran transiciones calificadas como “ordenadas” que esconden cesaciones de pagos, balances maquillados y prácticas alejadas de los estándares habituales de administración pública.
Entre los casos más graves figuran:
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Mburucuyá: desaparición de 40 cheques, presuntamente en manos de exfuncionarios.
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Santa Rosa: pérdida de dos talonarios y transferencias electrónicas de último momento que habrían vaciado la caja municipal.
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Virasoro: declaración de emergencia económica, financiera, administrativa y ambiental por seis meses, prorrogables, con pagos suspendidos desde 2017 hasta 2025.
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Paso de la Patria: denuncia por malversación de fondos y caja en cero.
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Mercedes: denuncia judicial contra la gestión anterior y anuncio de recortes ante la falta de capacidad financiera.
La lista continúa y repite el mismo patrón: desorden, deterioro institucional y ausencia de respuestas estructurales. Mientras tanto, los salarios siguen congelados, los gremios se preparan para el conflicto y Corrientes transita un escenario de tensión que amenaza con escalar.
