El pasado 5 de mayo, en Garuhapé, fue
detenido Santiago Ramos, Mburuvicha de la comunidad Mbya Puente Quemado II, en
el marco de una causa por “usurpación” impulsada sobre tierras relevadas dentro
de la Ley 26.160, normativa que reconocía la ocupación ancestral de comunidades
indígenas.
En diálogo con la prensa, Ramos
solicitó al Gobierno de Misiones garantías para las familias de la comunidad y
agregó “nosotros no somo criminales, ni usurpadores, conocemos nuestros derechos
como pueblo indígena por la Ley 26.160. Fuimos relevados en el año 2013 y en el
año 2015 salió el número de resolución que la comunidad puede poseer (la
tierra) para uso tradicional, pero el propietario no quiere reconocer”.
En este contexto, el líder guaraní
relató que su abuela ya vivía en el lugar en el año 1972, antes incluso de la
empresa Arauco. “La comunidad existe hace 50 años, somos tercera generación”,
expresó el entrevistado.
Cabe mencionar que la comunidad hace
años enfrenta conflictos territoriales en una localidad marcada por la industria
forestal. De hecho, Ramos acompañado por el Equipo Misiones de Pastoral
Aborigen (EMIPA) ha denunciado el desmonte en la zona, vinculado a la expansión
de las empresas del rubro.
La disputa continúa y se profundizó
tras la derogación del régimen de emergencia territorial indígena dispuesto por
el gobierno nacional.
