Una mujer es asesinada cada 35 horas en Argentina. El dato,
confirmado por Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), llega en el mismo
momento en que el Presupuesto 2026 propone un recorte de magnitud histórica:
una caída del 89% en los fondos destinados a políticas de género y asistencia.
En lo que va del año se
registraron 196 femicidios y octubre marcó el promedio más alto: una víctima
cada 28 horas. Desde el colectivo advirtieron que los crímenes “no solo son más
frecuentes, sino más crueles”. Entre los casos más recientes figuran el triple
femicidio de Florencio Varela, los asesinatos de Luna Giardina y su madre
Mariel Zamudio en Córdoba, y los de Gabriela Arací Barrios en Chaco, Adriana
Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca.
“Elevamos nuestra voz para exigir
al Poder Ejecutivo Nacional que asuma la gravedad de la situación”, reclamó
Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de MuMaLá, citada por
Crónica. La organización presentará por tercera vez en el Congreso el pedido de
declaración de emergencia nacional en violencia de género.
Presupuesto 2026: el ajuste tiene rostro de mujer
Un informe conjunto de la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advierte que el nuevo presupuesto
consolida el desmantelamiento iniciado en 2024.
El Programa Acompañar, que había
asistido a más de 100 mil mujeres y personas LGBTIQ+, fue recortado 90% en 2024
y dejó de figurar como partida en 2025. La Línea 144, principal canal de ayuda
a víctimas, perdió dos tercios de su presupuesto, redujo 45% su personal y
también desapareció del esquema nacional.
Solo el Programa de Protección de
Víctimas de Violencia, dependiente del Ministerio de Justicia, muestra un
incremento: 40 mil millones de pesos. Sin embargo, la partida no especifica qué
proporción se destina a violencia de género. Según los cálculos de ACIJ y ELA,
se necesitarían 1,79 billones de pesos para recuperar el nivel de inversión de
2023.
El Estado sin datos
Desde diciembre de 2023, el
Gobierno dejó de actualizar el Sistema Integrado de Casos de Violencia de
Género, la herramienta que registraba denuncias, intervenciones y
acompañamientos. En la web del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad
solo queda una leyenda: “No se puede cargar el modelo”.
Sin estadísticas oficiales, las
organizaciones ya no pueden saber cuántas mujeres piden ayuda, cuántos casos se
judicializan ni en qué provincias se concentran los hechos más graves. “En los
meses de mayor presencia estatal, el 25% de las víctimas había denunciado antes
a su agresor; ahora esa cifra cayó al 13%”, señaló Sosa.
Salud, educación y derechos en retroceso
El ajuste también impacta en los
programas de salud sexual y educación. El de Desarrollo de la Salud Sexual y
Procreación Responsable funcionará con apenas el 8% del presupuesto de 2021,
mientras que el Plan ENIA, destinado a prevenir el embarazo adolescente,
recibirá menos del 3% de los fondos de 2023.
La partida para Educación Sexual
Integral se reduce a 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023. Las
metas en capacitación docente y asesoramiento adolescente desaparecen por
completo. También se eliminan los recursos para acompañar la Interrupción
Voluntaria del Embarazo, una política reconocida por Naciones Unidas.
Jubilaciones y moratorias: otro golpe silencioso
El presupuesto de 2026 elimina el
régimen de moratorias previsionales, una herramienta clave para que miles de
mujeres pudieran jubilarse sin los años de aportes requeridos. Tres de cada
cuatro beneficiarios eran mujeres.
La única alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que paga un monto menor y no reconoce aportes. El bono previsional de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024, y con una inflación real estimada en 17,7% por el Banco Central, la pérdida del poder adquisitivo será inevitable.
Una emergencia encubierta
El recorte presupuestario, el
vaciamiento institucional y la ausencia de estadísticas conforman lo que las
organizaciones definen como una “emergencia encubierta”: en la última década,
se registraron 2.589 femicidios, femicidios vinculados y travesticidios: una
víctima cada 33 horas desde aquel primer grito de Ni Una Menos en 2015.
El crimen cometido por el
uruguayo Pablo Laurta, integrante de la agrupación machista Varones Unidos,
reavivó el debate sobre los discursos de odio. Laurta asesinó a su ex pareja y
a su ex suegra. Desde MuMaLá denunciaron que el hecho “evidencia una motivación
política de extremismo de derecha y masculinismo supremacista”.
En los barrios, el trabajo de
contención recae cada vez más sobre redes comunitarias sin respaldo estatal.
Mientras tanto, el Presupuesto 2026 proyecta una inflación del 10,1% y un
crecimiento del 5%, pero los analistas del Banco Central estiman una inflación
real de 17,7%. Si esa brecha se confirma, los recortes serán todavía más
profundos.
Fuente: Bae
