Una auditoría realizada por el Ministerio de Salud encendió
las alarmas dentro del Estado nacional luego de detectar presuntos sobreprecios
millonarios en compras de insumos ortopédicos efectuadas por la Agencia
Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2025.
El informe técnico reveló diferencias de hasta el 4239%
respecto de los valores de mercado y derivó en una investigación judicial que
ya involucra a exdirectivos, empresarios y proveedores vinculados entre sí.
La causa, que está bajo la órbita del fiscal Franco Picardi,
apunta a un supuesto esquema de corrupción montado alrededor de contrataciones
estatales. Según la documentación oficial, existieron maniobras sistemáticas
para beneficiar a determinadas firmas mediante procesos licitatorios
presuntamente manipulados.
El trabajo de auditoría comparó las facturas abonadas por el
Estado con valores de referencia del mercado y encontró diferencias
consideradas injustificables por los técnicos del Ministerio. El informe,
publicado por La Nación, sostiene que “el análisis de la documentación
respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones
societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios
de libre competencia y razonabilidad del gasto público”.
Entre los casos detectados aparecen compras de sillas de
ruedas con incrementos cercanos al 2000%, además de operaciones vinculadas a
andadores y prótesis cuyos montos quedaron muy por encima de los precios
habituales. Uno de los ejemplos más llamativos fue la adquisición de un andador
por una cifra varias veces superior al valor de otro producto de
características similares.
Las irregularidades también alcanzaron insumos médicos de
alta complejidad. La auditoría remarcó que el 8 de julio de 2025 la ANDIS pagó
$425 millones por un sistema de válvulas cardíacas, mientras que meses antes el
PAMI había adquirido el mismo producto por apenas $124 millones. Para los
especialistas del Ministerio, estas operaciones muestran “desvíos que resultan
técnicamente indefendibles” y exponen un patrón repetido de contratación.
La investigación judicial ya derivó en la citación a
indagatoria de 49 personas. Entre ellas figura el contador Osmar Mariano
Caballi, principal socio de Farma Salud, una de las compañías que más dinero
recibió mediante este esquema. Según el expediente, la firma absorbió alrededor
de $7.900 millones en contrataciones estatales.
Caballi había ocupado un cargo jerárquico dentro de la
agencia durante la gestión de Alberto Fernández y, según declaraciones
incorporadas a la causa, habría utilizado esa experiencia previa para acercar
negocios con el Estado a determinadas empresas privadas.
El fiscal Picardi también investiga posibles maniobras para
vulnerar el sistema digital de licitaciones Siipfis. De acuerdo con el dictamen
judicial, esa herramienta “permitió el despliegue de maniobras orientadas a
beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada”. La
fiscalía detectó además la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “grupo
museo”, donde exfuncionarios y operadores externos presuntamente definían qué
empresas participarían de las supuestas competencias de precios.
Entre las firmas bajo sospecha aparecen Artrobone, Bymax
Medical e Imnova. Según los investigadores, algunas de ellas llegaron a
facturar sillas de ruedas por $19 millones cuando el valor de referencia
rondaba apenas $1,2 millones. Además, la Justicia detectó vínculos personales
entre empresarios y exfuncionarios de la ANDIS que ya se encuentran procesados.
El expediente también cuestiona adquisiciones de componentes
importados de alta gama que, según el informe técnico, “no representa una
ventaja necesaria ni terapéutica, que valide semejante erogación del Tesoro
Nacional”.
Mientras la investigación avanza, los acusados buscan frenar
la causa mediante planteos de nulidad y objeciones sobre audios filtrados que
mencionarían el funcionamiento de un sistema de coimas. El juez Ariel Lijo
ordenó realizar peritajes sobre esas grabaciones para determinar si son
auténticas. Durante los próximos días continuarán las declaraciones de
empresarios y exfuncionarios ante los tribunales en una causa que amenaza con
convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al sistema
de discapacidad.
