Desde el Concejo Deliberante de Posadas, donde brindó datos oficiales sobre la prestación y las tarifas del servicio de agua potable y cloacas, la titular del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) Soledad Balán, defendió la posición de la empresa SAMSA (Servicio de Agua de Misiones SA), y subrayó que en enero y febrero, se congeló la tarifa del servicio elemental.
Desde el Concejo Deliberante de Posadas, donde brindó datos oficiales sobre la prestación y las tarifas del servicio de agua potable y cloacas, la titular del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) Soledad Balán, defendió la posición de la empresa SAMSA (Servicio de Agua de Misiones SA), y subrayó que en enero y febrero, se congeló la tarifa del servicio elemental.
La Comisión de medioambiente y desarrollo sustentable del HCD de Posadas, convocó este martes a las 10 hs., a Soledad Balan (EPRAC), Alejandro Garzon Maceda (Defensoría del Consumidor), al Gerente de SAMSA, al Defensor del Pueblo de Posadas, al presidente del Concejo, Daniel Vigo, y a los ediles de la comisión, para desarrollar un “análisis integral de la situación del servicio de agua potable y cloacas de la ciudad”.
En ese marco, Balán brindó detalles en torno a la controversia por la presunta sobrefacturación de SAMSA en Posadas y Garupá, donde usuarios recibieron boletas de $200 mil, $500 mil y hasta $800 mil. “Tuvimos menos del 2% de reclamos del padrón hasta ahora de los usuarios de SAMSA”, aseguró la funcionaria, en diálogo con LT4.
De acuerdo con Balán, los reclamos se pueden agrupar en dos vertientes: los usurarios “que se quejan por servicio, que sobre todo no es el precio, porque la verdad que enero y febrero se ha congelado la tarifa, sino por (presunta) sobrefacturación; y el otro lo catalogamos como contractual, que eso es parte del contrato de concesión que entregó Ramón Puerta en el ‘99 y establecía por 30 años determinadas condiciones.”
Sobre el contrato de concesión firmado en tiempos del exgobernador, Balán comentó que es este instrumento, el que autoriza a SAMSA a cobrar un mínimo de 15 metros cúbicos de agua como consumo de base –el consumo de la mayoría de los usuarios estaría por debajo de ese piso–, y que fija “qué pasa cuando hay un terreno baldío que, (SAMSA) igual cobra y demás”.
“Entonces en lo que refiere a reclamos hemos recibido menos de 200. Ahí hay que ver si es sobrefacturación, es decir que efectivamente tuvieron aire en las cañerías y eso aumentó el consumo de metros cúbicos y por ende el total de la boleta; o si tuvieron pérdidas internas”, explicó Balán sobre los reclamos contra SAMSA, por presunta sobre facturación.
El EPRAC contó con unos $800 millones para su funcionamiento en el año pasado
En cuanto a los reclamos comunitarios, Balán explicó: “tuvimos dos. Uno fue el que encabezó (la exdecana de la Facultad de Humanidades) Gisela Spaciuk, que en su caso, hablaba de 40 (reclamos), pero (la nota) está firmada por 7 (usuarios) En su caso particular, ella pudo detectar la pérdida interna de su casa. Hubo otro que tenía un lavadero de autos, por ejemplo, que por supuesto, de un consumo domiciliario a un lavadero el consumo aumenta y a otros sí, se les refacturó”, sostuvo Balán, confirmando que hubo una marcha atrás de SAMSA, en algunos casos.
“En el caso del otro (reclamo comunitario) el abogado, el abogado Contreras, él presentó 127 reclamos, los cuales 71 estaban por debajo del consumo mínimo, o sea, no tuvieron ninguna sobrefacturación. Y de los restantes, 39 tenían un poco por encima del consumo mínimo, o sea, de 15 metros cúbicos, pero era el consumo habitual de esas personas en el último año, por ende no había sobrefacturación”, detalló.
En tanto, los restantes 18 usuarios que formaron parte del reclamo colectivo presentado por el titular de la asociación “Defender”, “tenían sobrefacturación”, admitió Balán. Y añadió: “algunos corresponden a pérdidas internas, a otros se les refacturó reconociendo estos metros cúbicos que entendemos no han sido consumidos. Así que invitamos a todos aquellos usuarios que hayan tenido un consumo inusual y desmedido en comparación con otros períodos, que hagan el reclamo ante EPRAC”, subrayó.
“Nosotros estamos gestionando y a todos estos vecinos que tuvieron este problema, luego una inspección domiciliaria, se les refactura la boleta y pagan lo habitual y se les descuentan todos los metros cúbicos. Y a quienes ya lo hayan pagado, le exigimos a la empresa que nada le cobre en periodos futuros”, manifestó Balán.
Repreguntada por LT4 respecto de si la provincia estudia impulsar un congelamiento de precios del agua en Misiones, Balán descartó esa posibilidad. “¿Cómo se fija el precio de SAMSA? La empresa prestataria puede pedir el aumento, esto también es por ley, por contrato de concesión, cada vez que tienen un costo de más del 4 % en sus propios gastos”, explicó la funcionaria, apuntando nuevamente a la concesión por 30 años que hizo Puerta, y que vence en 2029 – 2030.
“¿Cómo se compone el precio del agua? Más de la mitad se debe la energía eléctrica. Aumenta la energía que es indispensable para distribuir el agua, aumenta el agua. El combustible es otro porcentaje que lamentablemente también está aumentando. Los productos potabilizadores que son en su mayoría dolarizados porque se compran en extranjero y el costo del personal de la empresa. Entonces cuando la empresa tiene una variación en los costos que es mayor al 4% puede solicitar (aumentos de tarifas)”, argumentó Balán
Sobre la suba en las tarifas, Balán aseuró que “lo venimos tratando de hacer, muy paulatinamente, muy a bajo porcentaje para que impacte menos en el bolsillo al usuario. Pero entendemos que el problema no es solo el precio del agua, sino que el problema es la situación socioeconómica tan difícil que estamos atravesando en todo el país, producto de los numerosos despidos, de los salarios bajos, que es algo que excede a la empresa prestataria”, fustigó.
“Nos encantaría decir que la empresa que es privada, lo tiene en cuenta, pero lamentablemente es una empresa privada que se privatizó en el año ‘99 y buscas ser redituable”, sentenció la funcionaria del EPRAC.
Respecto a otro tema candente respecto de los reclamos a SAMSA, que tiene que ver con el corte del servicio por falta de pago, Balán confirmó que “con dos boletas sin pagas, SAMSA ya puede cortar el agua. Pero pasa un período un poco más prolongado porque una vez que tenés las dos boletas sin pagas, te intiman para que abones dentro de los siguientes diez días, ahí ya tienes unos días más. Una vez que eso, no se realizó (el pago), mandan la notificación al EPRAC, y entre todo eso sucede en alrededor, pasan alrededor de tres meses”, detalló la funcionaria.
“Lo que sí se puede hacer es que cuando alguien ya le llega la boleta sujeta a corte y cuando alguien sabe que no va a poder pagar esa totalidad se puede acercar al EPRAC. Y vemos que hacer en cuotas, es una situación excepcional, entendemos que pagarlo todos los meses es dificultoso, lo que está a nuestro alcance… Siempre nosotros tenemos un marco regulatorio, nosotros nos podemos mover dentro de lo que la ley explicita, entonces ahí sí acompañamos para que esa deuda que se fue generando la puedan abonar en cuotas”, comentó Balán, concediendo que la empresa privada puede privar a los usuarios del servicio mínimo.
Cabe remarcar que en Argentina, el servicio mínimo de agua varía según el contexto (laboral, residencial o ambiental) y está regido por leyes nacionales y provinciales. No existe una única “ley de servicio mínimo” del agua potable, sino un conjunto de normas que garantizan el acceso y la calidad.
De acuerdo con la normativa vigente, para cualquier establecimiento de trabajo en el territorio nacional, rige la Ley 19.587 y su Decreto 351/79, que establecen: una reserva mínima (Los establecimientos deben asegurar una reserva mínima diaria de 50 litros de agua potable por persona y jornada); Servicios sanitarios mínimos (todo predio debe contar con al menos un retrete, un lavabo y una ducha con agua fría y caliente); y Calidad (El agua debe ser apta para consumo humano, con análisis bacteriológicos semestrales y físico-químicos anuales)
Como sea, al menos hasta la asunción del presidente ultraderechista Javier Milei, Argentina reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano esencial, siguiendo los lineamientos de la ONU. Esto implica que, incluso ante falta de pago, el servicio no debería cortarse totalmente a sectores vulnerables, sino que el servicio se reduciría a una prestación mínima garantizada para cubrir necesidades básicas de higiene y salud.
