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La Renovación: Demagogia y Saqueo

El frente gobernante en la Cámara de Diputados ha puesto de manifiesto la intención de promover dos proyectos legislativos.
Mario Coutune

Por Mario Coutune

POSADAS.- El frente gobernante en la Cámara de Diputados ha puesto de manifiesto la intención de promover dos proyectos legislativos.


Uno de ellos es habilitar el uso de los teléfonos móviles en al aula como recurso didáctico, copiado de un proyecto presentado por adolecentes en el Parlamento Juvenil. El proyecto no puede ser caracterizado más que como un despliegue demagógico. ¿No se preguntó el señor Rovira por qué no se usan las netbooks desparramadas libremente con el plan Conectar Igualdad? El uso de las netbooks y de los teléfonos móvil supone el uso de wifi que en las escuelas se hace imposible por la falta de redes informáticas con capacidad suficiente para atender la demanda, porque la otra forma sería usar con datos móviles pagos y con el consecuente costo al alumno y al docente, es decir una lavada de manos del Estado.


Esto es solo un botón de muestra de toda la situación general en las escuelas, donde la mayoría de nivel medio no tiene porteros para mantener la higiene adecuada y mucho menos internet.


Mas grave es el proyecto de ley de cobrar por el agua, aunque se supone que podría cobrarse por el uso en represas si estas son internacionales, como las de Corpus y Garabí, el eje del proyecto no tendría ningún efecto ya que la construcción de las mismas están sujetas a pactos internacionales. De todas maneras si las represas fueran en los arroyos de Misiones, el costo del agua lo pagaríamos los trabajadores con nuestro salario a través del precio de las tarifas eléctricas; las empresas seguirán pagando el precio mayorista de la energía sin costo del agua, ni de los costos operativos de EMSA como vienen haciendo hasta ahora.


Con el proyecto de Rovira, el agua potable se encarecerá, porque a los costos de la potabilización y distribución habrá que sumarle el precio del agua cruda más los impuestos correspondientes; naturalmente el uso del agua de ríos y arroyos por empresas será nuevamente subsidiado o, en el peor de los casos, judicializados a través de derechos adquiridos.


La provisión de agua potable es una obligación del Estado, además porque es central para la salud pública, ya que el agua sin tratar es vehículo de una gran cantidad de enfermedades infecciosas, algunas letales.


El gobierno deliberadamente no se ocupa de proveer agua potable a todos los habitantes de la provincia ni como eliminar la contaminación química que realizan las empresas en los diversos cursos de agua. Por eso resulta cómico ver que en las redes sociales los personeros de los partidos del régimen se indignan por el planteo privatizador del agua que se atribuye a un CEO de una multinacional, mientras acá el gobierno pretende llevar adelante el mismo plan: encima los argumentos para justificarlo sería más dinero para escuelas, jubilaciones, salud, etc. Los mismos argumentos que usara Menem para llevar adelante las privatizaciones en los años 90.


Este proyecto en particular, es otro recurso para descargar la crisis fiscal del Estado provincial sobre las espaldas de los trabajadores; crisis fiscal que tiene como base el privilegio de la burguesía local que prácticamente no paga impuestos y la reducción? de los aportes de coparticipación al minimizarse -entre otros- los impuestos como las retenciones y que buena parte del dinero público se fue con el saqueo de la obra pública.


La salida por la que el Partido Obrero apunta para empezar a disputarle el control al Estado y a los partidos patronales, es la apertura pública de los libros contables del Estado para ver el origen y el destino del dinero público, los impuestos progresivos a las empresas constructoras y de turismo, y las vinculadas a la actividad maderera y celulósica, rechazando la adhesión a la Ley 25080, y la nacionalización del Comercio Exterior y de la Banca.

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