09:20 h | 09/01/2017

“Discutir la edad de imputabilidad que propone el Gobierno retrasa medio siglo”

Lo afirmó la diputada provincial Myriam Duarte. insistió con que esta idea desnuda un modelo de Estado, “obsoleto, cuya única función es la vigilancia y sus criterios de sanción”.

POSADAS. La diputada provincial Myriam Duarte, lamentó “el retroceso de por lo menos medio siglo” que implica la discusión de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 18 años, y que pone de manifiesto “la propuesta retrógrada del Gobierno Nacional que concibe un Estado punitivo, de sanción y de castigo y que no pretende ampliar derechos, ni tampoco garantiza el acceso a los derechos ya legitimados en la Constitución, en los tratados y en las convenciones internacionales a las que adhirió la Argentina”.

Destacó que "mientras el mundo evoluciona y genera nuevas categorías donde incluye derechos de la mujer, del niño, de la niña y de los adolescentes, frente a una evolución enorme en materia jurídica tanto en el país como en el mundo, acá proponen volver a la época en que se discutió la Ley de Patronato de la Infancia".

Para quienes "militamos la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ésta es una propuesta que nos retrotrae medio siglo. Pensaba, incluso, que es inmoral que en un país donde creció tanto la brecha entre ricos y pobres, haya un sector que esté pensando en penalizar a los niños y sobre todo, a los niños pobres”, resaltó la legisladora.

Un modelo obsoleto cuya función es vigilancia y sanción
El presidente Mauricio Macri propuso bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, y está previsto que al regreso de sus vacaciones, firme el Decreto a través del cual convoca la conformación de una comisión especial, encargada de analizar y elaborar un anteproyecto de reforma del régimen penal juvenil, según tomó estado público hace una semana, con el pretexto de que el Gobierno busca “que en el futuro hayan menos jóvenes en conflicto con la Ley Penal; que cada vez sean más los que estudien y trabajen, y que sean valorados socialmente para lograr una sociedad más pacífica”, según declaró el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina, Germán Garavano, al diario Clarín de Buenos Aires.

La diputada Duarte insistió con que esta idea desnuda un modelo de Estado, “obsoleto, cuya única función es la vigilancia y sus criterios de sanción frente a acciones o inacciones de los ciudadanos. Esta es una perspectiva que nos muestra la Argentina actual y la que le dan al Estado los que hoy gobiernan”, lamentó.

En contraposición, recordó la campaña del Inadi que con una serie de publicaciones buscó romper y desnaturalizar las percepciones que instalaron los medios dominantes, relacionadas con la incidencia en el delito que tienen las acciones de menores y extranjeros. "El Inadi buscó romper con esa carga de estigmatización hacia ciertos sectores de la sociedad”, agregó.

También recordó que tanto en la Argentina como en el resto del mundo, los estudios indican que los delitos cometidos por los menores de 18 años son insignificantes en el universo delictivo, tanto en cantidad como en gravedad.

“Prometieron perseguir narcotraficantes, pero persiguen niños”
La diputada provincial también recordó que la Alianza Cambiemos, que encabeza el presidente Mauricio Macri, llegó al Gobierno con la consigna de perseguir a los narcotraficantes, y terminar con los delitos relacionados a esa actividad ilícita. “Llegaron con un discurso de la decisión política de ir contra el narcotráfico y de desarmar las redes del delito organizado -algo que no sucedió- y ahora salen con bajar la edad de imputabilidad de niños, lo que habla de que bajó mucho la autoestima del Gobierno, y se dieron cuenta que no pueden ir en contra del crimen organizado, y en contraposición arremeten contra los niños. Es evidente que bajó mucho la expectativa que ellos mismos tienen de su gestión. Esto habla mal de la autoestima del propio Gobierno nacional”, reflexionó Duarte.

Además, la legisladora recordó que “no es cierto que los que los chicos, desde los 14 años, sean inimputables. En el sistema legal actual, los de 14 años ya reciben sanciones cuando se los encuentra en conflicto con la Ley Penal y van a parar a instituciones que no deberían ser penales, porque la Ley establece que estos chicos deberían estar en una institución que los oriente y reeduque; pero no bajo la órbita del Servicio Penitenciario, como sucede. Esto es grave, porque la Ley no se cumple. Estas obligaciones que tiene el Estado se pasan por alto; pero el mismo Estado, en otros casos, cae con toda la fuerza de la ley sobre otros ciudadanos que incumplen o trasgreden una norma. Esto sucede hoy”, graficó.

Discutir todo, pero en sentido opuesto al que propone el Gobierno
Cuando habla de las obligaciones que le compete al Estado y no las cumple, la diputada también se refiere, “a la cantidad de personas que no tienen donde vivir, ni el trabajo ni la alimentación diaria garantizados. Hay una fuerte falencia de derechos humanos entendiendo a éstos como aquellos conceptos que el Estado está obligado a garantizar para todos. No garantiza los derechos básicos de la población que por lo general llevan al hambre y la desesperación”.

Myiriam Duarte recordó que hay chicos que desde los 14 años están encerrados en penales y que por lo general provienen de familias desmembradas, “madres solas que no pueden cubrir las obligaciones dentro del hogar y los chicos están sin cuidados mucho tiempo, sin contención ni propuesta estatal para realizar algunas actividades. Esto también es una obligación y el deber del Estado. Esos chicos permanecen varios años en los penales, y a los 18 años son juzgados como adultos. Me parece que es necesario discutir la edad de imputabilidad pero por esta razón, porque tenemos un mecanismo perverso que encierra a los niños como niños, los mantiene encerrados y los enjuicia como adultos. Decididamente hay que discutir todo; pero en sentido opuesto al que propone el Gobierno nacional", enfatizó.

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