"11 Años de periodismo"

11:00 h | 02/12/2018

Dilemas éticos en la Tierra Sin Mal

La ética empresarial con la que se manejan algunos empresarios posadeños volvió a quedar expuesta en una vidriera luego de que el gobierno de Hugo Passalacqua decidiera excluir a las firmas Anyway SA y Electro Misiones SA del programa Ahora Misiones por haber realizado recargos de intereses indebidos a los usuarios del plan. La ejemplar medida fue el resultado de las actuaciones que realizaron inspectores de la dirección de Defensa del Consumidor que depende del ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración. Ahora hay otros comercios en la mira.

La chispa que encendió el escándalo fue un artículo del diario Primera Edición en el que se reveló que varios comercios adheridos al programa aplicaban de manera irregular precios diferenciados para las compras al contado y con tarjetas de débito. Incumpliendo, de esa menara, el convenio firmado con el Gobierno. La maniobra debería ser investigada por la Justicia, ya que en la operatoria del presunto fraude se encuentran involucrados recursos públicos.

Anyway SA es una empresa, inscripta legalmente desde 2008, dedicada a la venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar, equipos de audio y videos, y suministros informáticos. Además, según datos de la AFIP, la firma sancionada está autorizada para actuar como “comisionista de venta en el extranjero y/o consignataria, organizar canales de distribución y/u oficinas de ventas o representaciones por cuenta de técnicos, asesores o comerciantes, ser mandataria o ejecutante de toda clase de tareas y operaciones inherentes al comercio exterior; importar y exportar toda clase de equipos de informática, programas y todos sus accesorios; designar agentes y contactar importadores o mayoristas”. Un interesante acoplado para un comercio de frontera.

Los socios de la firma son Pen Yuan Chang, un comerciante de origen chino y naturalizado argentino de cuarenta años, y Jen Tsung Lin, también comerciante y nacido en China hace cuarenta y cuatro años. En septiembre de 2016 la sociedad designó como director titular a Luis Enrique Fornari, un comerciante de sesenta y tres años que según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentra en una situación crediticia de “riesgo medio” y que libró unos trecientos cheques sin fondos entre julio de 2017 y febrero de 2018, y como director suplente a Luis Roberto Gutierrez, de sesenta años. Extrañamente, ambos directores tienen domicilio en la provincia de Córdoba.

Electro Misiones SA, la segunda firma sancionada, pertenece al financista y concejal de Cambiemos, Diego Emilio Barrios. El modo que utilizó el beneficio del programa Ahora Misiones no sólo demuestra la sensibilidad social del edil posadeño, sino que también su apego a las reglas, y su relación con la ética en la vida diaria.

Barrios es un fiel representante del modelo PRO: Se enfunda en camisas celestes, le encanta el marketing político, y maneja el discurso de la transparencia con la fina audacia de un esgrimista olímpico. Al igual que muchos funcionarios del aglomerado Cambiemos, pareciera que el concejal se siente a gusto navegando en las turbias aguas de los conflictos de intereses.

El excandidato a la intendencia de Posadas habría facturado a través de sus empresas casi cuatro millones de pesos a la EBY entre 2016 y 2017. “Las licitaciones fueron abiertas y yo pude participar como nunca antes había podido participar”, contó Barrios durante una entrevista a la emisora radial LT4. Se refería a las licitaciones de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

También olvidó incorporar su participación en la sociedad de la megafinanciera G10 Emprendiemientos SA cuando presentó su declaración de bienes en el Concejo Deliberante con el único fin de promocionar su supuesto afán por la transparencia. Su extraña relación con las cuestiones éticas también quedó demostrada cuando viajó al mundial de fútbol que se realizó en Rusia, en aquella oportunidad no se lo vio preocupado por su trabajo en el cuerpo deliberativo, ni por la crisis económica, ni por la directiva que bajó el presidente Mauricio Macri a sus funcionarios al pedirles que eviten ir al evento deportivo. El financista no se defrauda así mismo.

En mayo del año pasado, la firma de Barrios recibió una carta documento de uno de sus exempleados en donde solicita una “certificación de servicios y remuneraciones”. El instrumento legal fue como consecuencia de la sorpresa que se llevó el exempleado cuando inició sus trámites jubilatorios y se enteró después de una consulta a la Anses de que parte de sus aportes no fueron realizados por la empresa que heredó el edil posadeño. Por una cuestión de estilo, #PuenteAereo se reserva la publicación de la copia de la carta documento, los datos que constan en un documento de la Anses, y los del trabajador estafado.

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Ética proviene de la palabra griega ethos: costumbres, hábitos de la conducta humana que forman la personalidad y el carácter. Es una de las más antiguas disciplinas teóricas, cuyo objeto de estudio es la moral. Entonces, podríamos decir que la ética es el estudio de la conducta humana en relación con los valores. Digamos que el ethos es un concepto individual o de grupo más o menos diferente.

Pareciera ser que la ética de Barrios se refleja permanentemente en el espejo de la CEOcracia que gobierna. Una ética exitista que, por defecto genético, se basa en los resultados y en el secreto. ¿Podríamos decir que el cambio que propuso la alianza que gobierna es defectuoso desde su matriz genética?

Recordemos sólo algunos problemas éticos que tuvo el aglomerado Cambiemos:

Cuando el Congreso aprobó el blanqueo de capitales, la ley prohibió que se acogieran a ella altos funcionarios y parientes directos. Pero al presidente Macri le incomodó la situación y vetó aquella restricción, gracias a ello su hermano Gianfranco pudo blanquear más de 600 millones de pesos.
Antes de ser ministro, Nicolás Dujovne blanqueó unos 20 millones de pesos que tenía ocultos y fuera del alcance fiscal. Ninguna cuestión ética evitó que un evasor se haga cargo de la economía del país.
El exministro de Finanzas, Luis Caputo omitió poner en su declaración de bienes la participación que tenía en sociedades offshore. Ni él ni la títular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, tuvieron en cuenta la Ley de Ética Pública.
El exministro de Energía, Juan José Aranguren se vio obligado a vender sus acciones en Shell por la presión de los medios de prensa. También decidió mantener sus ahorros fuera del país.
El exministro de Trabajo, Jorge Triaca no tuvo remordimientos éticos en tener a una empleada en negro, nombrarla en el gremio marítimo SOMU, y luego echarla a insultos. También acumuló otros escándalos vinculados a presuntos hechos de corrupción que están siendo investigados por nuestro lento y selectivo Poder Judicial.
El exvicejefe de Gabinete, Mario Quintana también tuvo algunos problemas éticos. Dijo que se iba a desprender de sus acciones en Farmacity cuando su valor aumentaba y utilizó el poder de lobby que tuvo como funcionario para que su cadena se quede con el negocio farmacéutico en la provincia de Buenos Aires.
El reprochable accionar de la Oficina Anticorrupción y del propio Presidente respecto al conflicto del Correo Argentino, en el que se encuentra involucrada la familia Macri no tiene precedentes.
La lista de problemas éticos del aglomerado Cambiemos podría ser demasiado larga y me niego a seguir aburriendo a los lectores. La alianza que gobierna navega en medio de un mar de conflictos de intereses desde su propia conformación. Tres años después, aquel irregular andar terminó siendo aceptado por los maniqueístas que abrazan la fe macrista con el mismo fervor con el que los militantes de La Cámpora se resisten a la existencia de la palabra autocritica. Todos confluyen en la misma esquina, en el vértice del embrutecedor pensamiento binario.

Pareciera ser que la raíz ética del macrismo es la de la patria contratista, la de los empresarios que arrepentidos se golpeaban el pecho frente al juez federal Claudio Bonadio. Los mismos que fueron “obligados” a realizar aportes a las campañas del kirchnerismo y después hicieron lo mismo para las arcas de Cambiemos.

Sucede que algunos empresarios suelen vivir al límite de la ley, otros no dudan en eludirla cuando las cuentas corren el riesgo de bañarse en rojo. Aquello no significa que los políticos no caminen por una vereda de característica similares, pero la diferencia radica en que la vida de quienes compiten cada cuatro años en las arenas electorales suele estar permanentemente bajo la lupa de los medios, de sus competidores, y del electorado.

En el radicalismo local también enfrentan sus propios dilemas éticos. Así lo demostraron en las farragosas internas que no fueron, en donde los principales referentes de los socios del PRO prefirieron el silencio frente a las penosas irregularidades detectadas en la conformación de las listas que se presentaron para competir por la presidencia del partido.

Desde una garganta profunda nace una voz que anuncia que, antes de fin de año, saldrá a la luz un llamativo caso que podría oscurecer las pretensiones electorales de algunos correligionarios.

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Pero los dilemas éticos también pueden explotar en la Renovación. Posiblemente la neorenovación traiga algunas respuestas a la falta de transparencia y a la ausencia de organismos de control que estén debidamente auditados o bajo el control de la oposición.

En la Tierra Sin Mal la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos es secreta y está en manos de la Fiscalía de Estado.

¿Cómo puede ser que la ciudadanía pueda saber sobre el patrimonio del Presidente y de sus funcionarios, de los senadores y diputados nacionales, o hasta de los integrantes del Poder Judicial de la Nación, y en Misiones prevalezca el secretismo?

Sin dudas, la transparencia de los actos de gobierno es una materia pendiente. Alguien cree que no hace falta una Oficina Anticorrupción, o un organismo como la Auditoría General de la Nación (AGN) que siempre estuvo precedida por un presidente puesto por la oposición. El único organismos de control, y bastante limitado en su estructura, es el Tribunal de Cuentas que está en manos de la Renovación.

La transparencia debe ser parte de un nuevo pacto social al que deberían sumarse todas las fuerzas políticas, organizaciones empresariales y sociales. Sin las debidas herramientas para el control y con las burocráticas y tramposas barreras para el debido acceso a la información pública, la democracia no sale de su actual estancamiento.

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