"10 Años de periodismo"

09:20 h | 12/08/2017

Pueblos originarios: en Misiones y en todo el país hay focos de conflicto

La desaparición de Santiago Maldonado y las situaciones violentas en Chubut son un punto de alerta: a lo largo de toda la geografía argentina, las reivindicaciones de las poblaciones indígenes constituyen una problemática muy común y vinculada esencialmente a las condiciones de la pobreza extrema.

“El modelo extractivo no tolera otras formas de habitar el territorio. Siempre necesita ampliar las fronteras, y genera un proceso de despojo y arrinconamiento de las comunidades originarias”. Según el diagnóstico de Juan Wahren, sociólogo, docente en Ciencias Sociales (UBA), investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani, los conflictos por la tierra –que en nuestro país representa diversos tipo de violencias– son y serán una constante en la Argentina.


Cuadro de situación

La desaparición de Santiago Maldonado hoy pone al Sur en el centro de la escena. Según el último informe “Acceso a la tierra y territorio”, del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), en la expansión de la minería, el fracking y la explotación tradicional de hidrocarburos se encuentran algunas de las claves para entender las situaciones de vulnerabilidad  de pueblos originarios y campesinos. “Y fundamentalmente en el agronegocio, pero no sólo por la soja –aclara Wahren–.

También otros cultivos, como por ejemplo la vitivinicultura, que avanza sobre tierras huarpes en Mendoza. O el caso de Benetton, que son hectáreas para lana. Los mapuches reclaman una porción pequeña del millón de hectáreas que ostenta Benetton, sin embargo la represión es muy fuerte. Y lo que ocurre ahora en el Lof Cushamen, donde el referente (Facundo Jones Huala) está preso, es parte de ese proceso de criminalización y avance represivo. En este caso muy grave, por la desaparición de Santiago Maldonado”.

En esta última consideración se completa el concepto de “modelo extractivo”, con un actor fundamental: el Estado.

A través de diferentes estratos, jurisdicciones y fuerzas, por acción u omisión, el Estado sistemáticamente viola derechos de los pueblos originarios. Como también es el caso de las aldeas en San Ignacio, donde continúa el desmonte y son empleados municipales los que se presentan con motosierras en el territorio mbya.

Escalada
“El escenario que vemos es de mayor escalada de violencia, con la intervención de varias fuerzas, con niveles de operativos que claramente son muy violentos y que están sembrando un escenario que de ninguna manera está pensado desde lo social, sino como una cuestión de disciplinamiento y seguridad. Y de estigmatización contra migrantes, indígenas y campesinos”, dice Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina. Dicho organismo realizó un relevamiento en 250 territorios indígenas a lo largo del país. El denominador común son reclamos territoriales, directamente relacionados con la Ley de Emergencia Territorial 26.160, sancionada en 2006 y prorrogada cada cuatro años, cuyo objetivo fue suspender el desalojo de las comunidades indígenas hasta que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) avanzara en un relevamiento.

“Pero pese a que la Organización de las Naciones Unidas denunció que había una brecha enorme entre la ley y la práctica y se exhortó al Gobierno a entregar títulos a las comunidades, hoy estamos casi en foja cero. En el INAI dicen que hay 1.532 comunidades registradas, que es un universo más chico del que existe. De ésas, sólo 459 tienen el proceso concluido. Hay muchas que no tienen la titulación, y carpetas que quedan en la nada”, explica García Rey el mecanismo que deja al descubierto a las comunidades.

Inseguridad jurídica
“Uno de los grandes problemas es la inseguridad jurídica de nuestros territorios. Muchos de los extranjeros se adueñan de nuestras tierras y después utilizan las causas armadas para decirnos que somos delincuentes, terroristas. Todo esto avalado por los Estados provinciales”, denuncia Félix Díaz, presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas y miembro de la comunidad Qom La Primavera, que también sufre una constante persecución estatal: “Cuando vamos al hospital, los médicos no nos quieren atender porque dicen que somos delincuentes, salvajes. El año pasado, mi nieto Marcelino Olaire estaba en un centro de recuperación por consumo de estupefacientes, lo sacaron de ahí y se lo llevaron: no apareció más. Y en El Potrillo, un hermano indígena fue asesinado y caratularon la causa como suicidio. También en Embarcación, en Salta, la comunidad guaraní fue despojada de su territorio y recibe amenazas constantemente. Lo mismo en Misiones, donde se derribaron y quemaron casas”.

Geografía
En Rosario, esta semana vecinos del barrio Toba denunciaron un intento de desalojo por parte de la policía con balas de goma. En Tucumán, en 2009 fue asesinado Javier Chocobar de la comunidad diaguita, pero el juicio nunca empieza; en Salinas Grandes, en Salta y Jujuy, más de treinta comunidades se oponen a la explotación de litio; por nombrar sólo algunos de los casos.

Según publica Perfil, también Formosa es una provincia especialmente violenta contra los pueblos originarios. Por ejemplo, Agustín Santillán, de la comunidad wichí, tiene más de 28 causas abiertas en su contra. “La Cámara entendió que su detención era injusta, pero hasta ahora no lo liberan. También hay otros hermanos, con acusaciones falsas de resistencia a la autoridad, robo a mano armada, incendios”, denuncia Félix, sobre quien también pesa una causa por usurpación.

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