Por Silvina García Larraburu
El fallo de la Corte Suprema que equipara el terrorismo de Estado con los delitos comunes significa uno de los retrocesos más repudiables del último año y medio.
Con la clara decisión de desprestigiar a los organismos de Derechos Humanos, la restauración conservadora transitó distintas situaciones en detrimento de la histórica lucha por la verdad, la memoria y la justicia: desde el cuestionamiento a la cantidad de desaparecidos, hasta el debilitamiento de políticas de reparación a las víctimas.
Nuestro país es referente mundial en la defensa de la democracia y los Derechos Humanos. Logramos resignificar el dolor y convertirlo en lucha colectiva. Hoy las fuerzas conservadoras y neoliberales pretenden quebrantar la defensa de estas reivindicaciones históricas, con la finalidad de fortalecer su propio proyecto.
Este fallo abre la puerta a la impunidad de los genocidas, vulnerando nuestras leyes e incluso el criterio exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reducción de pena no se aplica a crímenes de la dictadura, ya que se trata de delitos de lesa humanidad.
El beneficio habilitado por la Corte Suprema de Justicia, pretende alcanzar a miles de represores que durante más de 40 años han condenado al pueblo argentino al dolor, al terror y a la miseria planificada.
Son días muy tristes para la Argentina, pero una vez más vamos a convertir la tristeza en lucha, convencidos que la Memoria, la Verdad y la Justicia tiene que vencer definitivamente a la impunidad.
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