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Elevan a juicio oral la causa contra Moreno por manipulación del Indec

El exsecretario de Comercio está acusado de manipular datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral elevó a juicio oral la causa en la que estaba procesado el exsecretario de Comercio Interior en el gobierno kirchnerista Guillermo Moreno, acusado de manipular datos en el Indec durante esa gestión.


La determinación de Canicoba Corral fue tras el pedido que efectuó el fiscal federal Carlos Stornelli, según confirmó la agencia Noticias Argentinas. En agosto, el funcionario judicial había solicitado que permitiera dar por cerrada esta parte de la investigación y los imputados enfrenten la acusación por los delitos de "violación de secretos, abuso de autoridad, violación de registros y documentos, y falsedad ideológica".


"Tengo probado que Mario Guillermo Moreno, Ana María Edwin, Beatriz Paglieri, Celeste Campora Avellaneda y Macarena Filia, a través de acciones que desplegaron con el objeto de manipular fraudulentamente los cálculos y el resultado final del Índice IPC, tomaron parte en la supresión, modificación y/o reemplazo, espurio y arbitrario, de la base de datos original del Indec y que constituían la base primaria fundamental del proceso estadístico, con la consecuente destrucción y/o inutilización de los documentos y registros oficiales de un servicio público, por caso aquellos del sistema estadístico nacional", sostuvo Stornelli en el escrito.


La causa empezó hace diez años, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner con una denuncia de consumidores y de los entonces legisladores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz.


Allí se pedía investigar si Moreno le habría ordenado a la por entonces directora de Índices de Precios de Consumo (IPC), Graciela Bevacqua, que "le revelara los datos correspondientes a los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo" y así calcular los índices inflacionarios.


Moreno ya tiene una condena judicial por una causa relacionada con su cargo. En 2017 fue sentenciado a dos años y medio de prisión en suspenso por el delito de "peculado" por haber usado fondos públicos para la adquisición de cotillón contrario al Grupo Clarín.

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