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“El derecho a la alimentación en nuestro país tiene rango constitucional a partir de la reforma 1994”

Publicado 13/09/2019 | 12:50

La difícil situación económica y social que atraviesa Argentina es crítica y afecta principalmente el acceso a una alimentación adecuada de una parte de la población. Se trata de una realidad de la cual Misiones no es ajena, expresaron desde  CONUPROMI.

Según el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), ya en el segundo semestre de 2018 un tercio de la población argentina se encontraba por debajo de la línea de pobreza y alrededor de un 7 % por debajo de la línea de indigencia. Dichos valores en la ciudad de Posadas representan un 35% y un 5% respectivamente. Y para 2019 son valores que habrán aumentado considerando que la canasta básica total (CBT) en julio de 2019 se incrementó en un 58% en relación a igual mes del año anterior.

Desde el CONUPROMI acompañamos la declaración de la emergencia alimentaria a través de la Ley sancionada el 12 de septiembre en la provincia de Misiones que permitirá al gobierno reasignar partidas para los sectores que considere más vulnerables y la creación de un consejo de seguimiento de políticas de asistencia integrado por representantes del Poder Ejecutivo y organizaciones sociales.
Asimismo, ponemos a disposición los recursos técnicos del Colegio para acompañar la implementación de la herramienta con el objetivo de colaborar a subsanar la grave situación alimentaria y nutricional que atravesamos como país.

Desde el Conupromi recordamos que el derecho a la alimentación en nuestro país tiene rango constitucional a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, incorporada al inciso 22 articulo 75; además de haber subscripto a pactos y convenciones internacionales, siendo obligación del estado garantizar y respetar el pleno ejercicios de estos derechos a la población argentina. En ese sentido, exigimos que se dé cumplimiento a dichas leyes vigentes como la ley N° 26.061 de Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y la ley N° 25.724 Programa de nutrición y alimentación
Miembro de FAGRAN (Federación Argentina de Graduados en Nutrición) nacional (PNSA programa Nacional de seguridad alimentaria), promulgada en 2002, en otro contexto de emergencia alimentaria a través del decreto 108. Consideramos que tales leyes ofrecen elementos técnicos, jurídicos y de presupuestos disponibles para asegurar en Argentina el derecho a la alimentación adecuada en toda su población.