El Concejo Deliberante de Posadas ha producido recientemente una seguidilla de normas de aplicación imposible o de notorio ánimo de obstaculizar la gestión institucional y administrativa del municipio, sin ofrecer a cambio las condiciones generales que la superen en beneficio del conjunto de los vecinos de la ciudad capital de Misiones.

La intención queda de manifiesto cuando se comprueba la simultaneidad de iniciativas que avanzan sobre asuntos de la marcha de la administración que se demuestran válidos aunque perfectibles y cuya gestión está acorde con la dinámica social, política y económica del contexto de país y de provincia en que se desenvuelve la ciudad.

Así, la pretensión de retirar al Intendente la autorización para incorporar partidas presupuestarias específicas o incrementar las existentes, bajo determinadas circunstancias, desconoce -no por falta de información- la saludable dinámica de los convenios que casi a diario se establecen con la jurisdicción nacional o con la provincial y que, sin excepción, redundan en el mejor interés de los vecinos. Valgan como ejemplo los diferentes programas de promoción social y productiva que, con recursos no previstos a la hora de sancionar el Presupuesto Municipal, llevan adelante el Gobierno Argentino y el Gobierno de Misiones y de los que, por naturaleza, son ejecutores los municipios.

Lo mismo se aplica cuando resultan necesarias erogaciones financiadas con recursos de superávit de ejercicios anteriores o mayores ingresos del vigente o cuando, existiendo tales recursos, resulten necesarios recomposiciones o restituciones salariales.

La celeridad de la dinámica económica, perceptible por cualquiera medianamente informado, exige la toma de decisiones acordes que, sometidas en todos los casos a la lentitud manifiesta del trámite del Cuerpo Deliberativo de Posadas y a la no menos evidente voluntad de entorpecimiento ya comprobada por parte de una mayoría circunstancial, harían perder buena parte o toda su eficacia.

Todas estas decisiones y su consecuente ejecución, conviene recordarlo y enfatizarlo, son sometidas a los controles que están especificados en la Constitución Provincial y en la Carta Orgánica Municipal y son analizadas anualmente por el propio Concejo Deliberante cuando debe estudiar el balance anual.

Los hechos avalan los dichos: en lo que lleva de gestión el intendente Orlando Franco se ha logrado emerger de la crisis institucional y financiera en la que estaba el municipio, se alcanzó el equilibrio financiero, se aumentaron en cantidad y calidad los servicios públicos y se formalizaron canales de diálogo que redundaron en recomposiciones salariales para los empleados municipales.

Como contexto duramente condicionante debe tenerse en cuenta la situación económico financiera mundial de los dos últimos años que una administración austera y racional permite sortear sin mayores sobresaltos.

Está claro, además, que no existen hechos comprobables o proyectados que permitan suponer una administración irresponsable, dispendiosa o en algún modo irregular de la facultad del Departamento Ejecutivo para adecuar partidas presupuestarias según lo exijan o lo permitan las circunstancias porque, además –y esto no puede escapar a los señores concejales- ninguna de las obligaciones establecidas por el Presupuesto aprobado por el Cuerpo se ha incumplido.

Igualmente trascendente para el funcionamiento institucional y político resulta observar la función y el papel que nuestra normativa republicana que establece la división de poderes. El Departamento Ejecutivo, que ha sometido previamente su propuesta de gobierno al Pueblo Soberano es el único encargado de llevar adelante las acciones consecuentes con la ineludible condición de atenerse rigurosamente a la ley. Cuando se ignoran las funciones y competencias de cada quien, cuando se pretende modificar sin fundamento serio un rumbo que se demuestra correcto en líneas generales, se violan los mismos principios republicanos que se pretenden defender y, peor todavía, se roza el cuestionamiento al sistema democrático.

Si este es el significado de la seguidilla de normas de entorpecimiento señaladas al principio, resulta oportuna la recomendación de que los esfuerzos gastados en la elaboración de tales normas, por imperio del principio elemental de obtener más y mejor producto con menor esfuerzo, se aplique a legislar para una ciudad y su sociedad que, a pesar de algunos, se encamina a convertirse en la Gran Capital del NEA.